Gabriel Xantomila/Jacob Sánchez
“Quienes en lugar de legisladores se convirtieron en rufianes, merecen un escarmiento", reclamó la priista Beatriz Paredes Rangel; y otras fuerzas políticas se sumaron para no dejar pasar las “atrocidades’’ de los legisladores locales de Baja California, no dejar pasar los ataques a la democracia, al federalismo y atropellos a la ciudadanía.
El Pleno de la Comisión Permanente discutió la ampliación del mandato del gobernador electo en esa entidad, Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco años, por lo que senadores y diputados clamaron por juicio político, por la acción de inconstitucional y castigo a las presiones y “sobornos millonarios’’.
La bancada de Morena en voz de la senadora Lucia Meza, calificó de admisible que el Congreso local viole la voluntad ciudadana, por lo que se sumó al juicio político.
Pero también arremetió contra los “perversos’’ de la derecha que aseguran que es una acción reeleccionista de López Obrador, no, “es un engaño de la derecha’’. Y llamó al gobernador electo a conducirse con ética jurídica y que no acepte acciones legales a su mandato.
La coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña exigió del presidente López Obrador ejerza sus facultades y a través de su área jurídica presente una acción de inconstitucionalidad. En ese mismo sentido se manifestó el coordinador de Movimiento Ciudadano Tonatiuh Bravo Padilla.
La senadora Nancy de la Sierra Arámburo planteó investigar los sobornos millonarios y exigió respeto a la soberanía de la Comisión Permanente por los diputados locales de Baja California. “No dejaremos que pase a la historia una atrocidad’’, advirtió.
En tanto, la diputada del Partido Encuentro Social, María Rosete, dijo que no quieren estar del lado de quienes quebrantan la ley a capricho y ocurrencias.
Mientras la priista Beatriz Paredes Rangel destacó que ese Congreso local está con el virus de la corrupción y corrosión como para desconocer su marco jurídico. “Rechazamos el tono de respuesta del Congreso Local’’.
Pidió no descartar ningún escenario, quienes en lugar de legisladores se convirtieron en rufianes, merecen un escarmiento.
El diputado panista José Luis Preciado, dijo que más allá si a los legisladores locales los compraron como puercos gordos, que el Ejecutivo instruya a la consejería jurídica para actuar.