Daniel Ángel Rubio
Tijuana.- Las acusaciones por hostigamiento sexual en contra del titular del Imjuv, Miguel Antonio Loza, muestran pocos avances luego de tres meses de investigación, admitió la síndico procuradora Ana Marcela Guzmán Valverde.
Esto se debe a que las declaraciones de la única joven que presentó una queja no han podido ser corroboradas con otras pruebas, explicó.
Detalló que como parte de la indagatoria incluso localizaron telefónicamente a otras jóvenes prestadoras de servicio social en la dependencia municipal, pero ninguna se declaró ofendida.
Se trata, reconoció, de un acto que pudo haber ocurrido, pero no hay elementos suficientes para comprobarlo jurídicamente.
Todo inició cuando fueron publicadas capturas de pantalla de una conversación por mensajería a través de teléfono celular, donde al parecer Loza hostiga a una joven prestadora de servicio social, pero no pudieron ser confirmados los protagonistas de esa conversación.
Tras esto, la síndico dio a conocer en entrevista el mes de marzo que al ver esto otra joven decidió presentarse para acusar al funcionario formalmente por la misma situación.
“Ante un solo señalamiento, no pudiéramos en su momento imponer una sanción como órgano de control”, reconoció la abogada Guzmán Valverde.
Desde una óptica personal, respondió a pregunta expresa, puede no ser sano para la administración municipal la permanencia del director en el gobierno de la ciudad.
“Está siendo señalado por hechos que no son propios de un servidor público, pero no puedo basarme en una presunción aún no corroborada”, agregó.
Miguel Loza, al frente del Instituto Municipal de la Juventud (Imjuv), desde el inicio de esta administración también enfrenta una investigación por supuesto desvío de recursos del programa Beca Raite, destinado para el pago de transporte público de estudiantes.
De acuerdo con la Sindicatura, el acoso es una falta no considerada grave que prescribe en tres años, mientras la segunda investigación sí es por una falta grave que de haber elementos debe turnarse al Tribunal de Justicia Administrativa y prescribe tras siete años.