Ante la presunta responsabilidad por faltas administrativas incurridas por servidores públicos involucrados en la asignación de contratos otorgados a través del Instituto de Salud (Isesalud) de Baja California, la Secretaría de Honestidad y Función Pública, a cargo de Vicenta Espinosa Martínez, presentará un informe ante la Auditoría superior de la Federación (ASF).
Indicó que de la investigación iniciada hace meses, la dependencia a su cargo conformó el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), el cual presentará esta semana ante el órgano de control federal.
El informe se basó en las auditorías efectuadas por la SHFP a su cargo, integrándose un expediente con más de los 500 contratos asignados por Isesalud durante 2020.”
“Son como 550 contratos, todo se va a meter en una sola investigación, les pedí que hicieran la investigación de otra manera, porque estaban haciendo de uno por uno, imagínate, no acabamos”, compartió.
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Respecto a si existe un daño patrimonial, desvío de recursos y posible fraude en la adjudicación directa de la mayoría de los contratos, la funcionaria dijo que la SHFP continúa la revisión de los acuerdos, análisis que se llevará hasta sus últimas consecuencias.
Espinoza Martínez anotó que 85% de los contratos de Isesalud se adjudicaron de manera directa, esto es sin mediar un proceso de licitación que permitiera al gobierno de del estado optar por el mejor postor, por lo que se encuentra revisando si en estas asignaciones se faltó a la norma.
Sin embargo, en un trabajo de investigación periodística, este miércoles se reveló que, de 558 contratos asignados en 2020, sólo tres se entregaron por invitación, mientras 555 los funcionarios de Isesalud los otorgaron vía adjudicación directa.
Alonso Pérez Rico es el director general de Isesalud, pero los acuerdos fueron firmados por Carlos Gómez Valdez y Miguel Ángel Marín Cardone, representante legal y jefe del Departamento de Recursos materiales y Servicios Generales del Instituto, respectivamente.
En la investigación se detectó que la justificación del gobierno de Baja California para entregar vía adjudicación directa la mayoría de los contratos de Isesalud en 2020 fue el decreto presidencial derivado de la pandemia por Covid19.
“El decreto de Covid es muy claro y habla exclusivamente para los temas de Covid, entonces, si había un tema de limpieza que sí se generaba hacer con independencia que se tuviera que hacer, hubiera o no Covid, el tema de vigilancia que era necesario con tema o no de Covid, no tendrían que implementarse con un decreto, o una adjudicación directa, menos aplicar leyes federales”, subrayó.
