Redacción
Tijuana.-El pasado 22 de julio se cumplieron los 45 días del Acuerdo firmado entre México y Estados Unidos, en el que el gobierno mexicano se comprometió a frenar la migración, desplegar la Guardia Nacional en las fronteras y aceptar la devolución a México, de solicitantes de asilo en Estados Unidos. Las medidas aplicadas reviven tratos discriminatorios que violan los derechos de las personas migrantes en niveles que no se veían desde 2006. Se trata de un retroceso de casi 10 años en el tema migratorio y de asilo en el país.
Entre los costos, podemos señalar la detención de más de 50 mil niñas, niños y adolescentes, quienes en su mayoría han sido deportados sin respetar su Interés Superior como lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la ocupación de fondos de la cooperación internacional para mejorar las condiciones de las estaciones migratorias; el registro de 100 mil 861 eventos de detención de enero a junio del 2019 –la mayoría terminó en una deportación, sin acceso efectivo al asilo; el nulo fortalecimiento a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) pese a que en los primeros seis meses del año ha recibido 30 mil solicitudes –tres veces más que en el mismo periodo de tiempo del 2018; así como las 20 mil personas varadas en la frontera norte sin acceso al asilo y en condiciones de vulnerabilidad –sin trabajo, ni cobertura de sus necesidades básicas.
De acuerdo con el monitoreo del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, en los últimos 7 meses se pasó de un discurso de política migratoria respetuosa de los derechos humanos, al reforzamiento y continuidad de un enfoque de seguridad policial y militarizada. Esta situación se ha visto reflejada en la práctica sistemática de detención; aumento de los operativos migratorios en colaboración con la policía militar a lo largo de la ruta del sureste de México; redadas masivas en espacios públicos, en diferentes municipios de Chiapas, así como cateos en hoteles de Tapachula; la obstaculización del libre tránsito, incluso para la población mexicana, en diferentes líneas de transporte terrestre; y el hacinamiento en los centros de detención migratoria y demás espacios habilitados para tales fines.
A la fecha, los estados con el mayor número de detenciones son Chiapas, Veracruz y Tabasco, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación; tan sólo en junio de este año se registraron 23 mil 917 eventos de detención, 150% más en comparación con junio del 2018, principalmente de personas provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala.
Por su parte, la Coalición Pro Defensa del Migrante, A.C. y Families Belong Together México, han señalado como tras la imposición del gobierno estadounidense del Protocolo “Quédate en México” el pasado 20 de diciembre del 2018 -y aceptada por el gobierno mexicano, se está dejando a las personas solicitantes de asilo en EUA y migrantes, la mayoría provenientes de Centroamérica, en un estado de indefensión y vulnerabilidad, pues no existe una política pública integral para atender a esta población, ni de sensibilización entre la población mexicana para evitar reacciones xenófobas, como las que ya están ocurriendo.
El 19 de enero del 2019, la primera persona solicitante de asilo en EUA fue retornada a Tijuana bajo esta medida, y unas semanas después se inició el retorno por Mexicali y Ciudad Juárez. Tras la firma del Acuerdo del 7 de junio, esta medida se amplió a todos los estados de la frontera norte. El pasado 9 de julio se dio el primer retorno de 10 personas por Nuevo Laredo. Hasta el 12 de julio han sido devueltas 19,911 personas solicitantes de asilo en EUA, y para finales del año la cifra alcanzaría 60,000 personas. Esta medida desconoce la legislación interna y los instrumentos internacionales relativos al asilo.
Al tiempo, se ha incrementado la criminalización de personas defensoras de los derechos humanos de la población migrante, a través de detenciones arbitrarias y judicializaciones injustificadas. Las casas y albergues de migrantes, desde donde se proporciona ayuda humanitaria, han sido objeto de hostigamiento y amenazas directas por parte de los agentes de la Guardia Nacional.
A ello se suma el anunció del gobierno estadounidense, del pasado 16 de julio, en el que se endurecen y limitan la elegibilidad de las personas solicitantes de asilo, al señalar que quienes crucen México ya no podrán solicitar asilo en su país, pues tendrán que hacerlo en un tercer país por el que hayan pasado antes. Con esta medida los costos de la administración de los casos de asilo se pasan directamente a México en una clara violación al derecho internacional de asilo.
En este contexto, organizaciones de la sociedad civil del sur, centro y norte de México hacemos un llamado al gobierno mexicano para no ser coparticipe de actos que impidan el acceso al derecho a solicitar asilo en EUA; no permitir que, de facto, México sea un tercer país seguro; a diseñar una estrategia clara e integral para proteger a la población solicitante de asilo en EUA que ha aceptado sea devuelta a México y; a dar un tratamiento civil a la política migratoria y abstenerse de imponer como práctica generalizada la privación de la libertad de las personas migrantes y solicitantes de asilo.
