Tijuana.-De acuerdo con el Sistema Estatal Penitenciario de Baja California, 823 Personas Privadas de la Libertad (PPL) no han recibido una condena definitiva y en su mayoría llevan entre ocho a 20 años en prisión.
María Elena Andrade Ramírez, comisionada Estatal del Sistema Penitenciario, señaló que la mayoría de estos procesos se alargan porque la defensa “abusa” de las impugnaciones luego de una primera sentencia dictaminada por un juez.
“Se viene la reposición del procedimiento. En el lenguaje coloquial quiere decir ‘borrón y cuenta nueva”, entonces vuelve a empezar nuevamente todo el juicio”, explicó la comisionada.
Como una manera para prevenir que “no se presenten impugnaciones nada más por impugnar”, el gobierno de Baja California busca “unir voluntades” con las barras de abogados del estado, dijo Andrade Ramírez
Comentó que las 823 personas privadas de la libertad en Baja California sin condena definitiva fueron detectadas tras realizar una estudio a toda la población penitenciaria en el estado.
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La mayoría están acusados de haber cometido delitos de alto impacto como secuestro, homicidios, delincuencia organizada y en contra de la salud, detalló la comisionada.
Añadió que este problema es complejo porque intervienen varios factores, entre ellos que los testigos muchas veces ya no son localizables porque se van a vivir a Estados Unidos y en otros casos fallecen, lo que les imposibilita volver a rendir testimonio sobre los hechos.
Respecto a la aplicación de la Ley de Amnistía a la personas candidatas para su preliberación, María Elena Andrade Ramírez informó que solo de 200 PPL podrían recibir este beneficio de los 13 mil 300 que hay en las penitenciarías de Baja California.
Es decir, menos del 2% podría salir libre de manera anticipada por esta nueva ley.
“Son casos de extrema vulnerabilidad, sobre todo grupos como indígenas, personas mayores y otro tipo de comunidades, inclusive por cuestiones políticas para efecto de aplicar esta ley”, apuntó.
