Daniel Ángel Rubio | El Sol de Tijuana

Tijuana.- En las calles de Tijuana no es raro ver a un vehículo expulsando por el mofle bocanadas de humo negro o azul cuando el conductor acelera. A veces son autos particulares, otras es el transporte público.

Por ley el gobierno municipal debe revisar que los autos hayan aprobado la verificación vehicular, pero en la práctica eso no sucede.

El problema no es menor tomando en cuenta que ocho de cada diez autos que realizan el examen no lo aprueba, según datos de Saúl Guzmán García, ex director de Gestión Ambiental de la ex tinta Secretaría de Protección al Ambiente del estado.

Así han pasado seis años desde que esa revisión se volvió un requisito para renovar tarjeta de circulación u obtener placas, sin importar si el vehículo contamina o no.

Los mismos automovilistas lo asumen como un tema recaudatorio donde el cuidado del medio ambiente es solo un pretexto.

"Al final de cuentas si se supone que es para que no contaminen, mi camioneta contamina. No pasó la prueba y aun así obtuve placas", comenta Adán Medel.

El programa, licitado y concesionado por el entonces gobernador José Guadalupe Osuna Millán, fue anunciado como una medida para combatir la contaminación, aunque nunca ha funcionado así.

Desde 2014 los diputados locales hicieron obligatoria la prueba para renovar documentación del vehículo, y dividieron las facultades de revisión entre estado y municipios.

El municipio debe verificar en las calles que los autos tengan su holograma de aprobación, y el estado solo puede vigilar a los verificentros.

Guzmán García dice que intentaron corroborar si los automovilistas solucionaban su problema mecánico en los seis meses que reciben de plazo para hacer la segunda prueba sin costo, pero no consiguieron nada.

“Nos dicen que sí lo hacen, pero no nos asomamos, ni es nuestra competencia ir y verificar que lo estén haciendo y cumpliendo”, comentó.

Además, aseguró, los verificentros adaptaron sus equipos para revisar unidades que funcionan con diésel, por lo que el transporte también debería estar cumpliendo esta responsabilidad.

EL PROGRAMA CONTINUARÁ

El nuevo gobierno del estado ha dicho ya que el programa de verificación vehicular se mantendrá porque es necesario combatir la contaminación del aire.

De las 18 concesiones que hay actualmente, 16 fueron entregadas en 2010 y vencen el próximo año; las dos restantes fueron entregadas en 2012 y vencen en 2022.

Los propietarios de las primeras comenzaron sus solicitudes de renovación antes de que terminara el gobierno anterior, pero la decisión será de los que recién llegaron.

Mario Escobedo Carignan, titular de la secretaría de desarrollo económico que ahora también es responsable de la política de turismo y de medio ambiente en Baja California, dice que la apuesta es socializar el programa.

Pero comenta que no todos los vehículos del padrón estatal, integrado por más de un millón de vehículos, acuden a la revisión de emisiones contaminantes.

“La mayoría de los carros no traen verificación. Hoy no es el negocio que debería ser. A mayor exigencia, a mejor regulación, a mayor concientización, bueno pues va a ser más negocio", comenta.

Pero hasta antes de tomar protesta en los primeros días de este mes, todavía existían varias preguntas sin respuesta firme, como la obligatoriedad para los autos "chocolate", muchos de ellos modelos que ya no pueden ser importados.

Escobedo Carignan dijo que podrían permitir el tránsito de vehículos con hasta quince años de antigüedad, siempre y cuando no contaminen.

También que podría darse a los propietarios una única oportunidad para arreglar el problema, así que si el auto incumple para el siguiente año, tendrá que salir de las calles.

“No se ha revisado, no se ha hecho presión”, comentó el también ex presidente en Tijuana de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), organismo que mantiene un reclamo constante por el ingreso ilegal y venta de autos no importados.

Además afirma que los gobiernos municipales no cumplieron con su responsabilidad porque hacerlo tiene un costo político que nadie ha querido pagar.

VERIFICENTROS GUARDAN SILENCIO

"Mañana al mediodía", dijo con voz amable a través de la bocina del teléfono José Luis Rodríguez Rojas, el presidente de la Asociación de Verificentros de Baja California, aceptando una entrevista con El Sol de Tijuana.

La asociación representa a 16 de los 18 verificentros que hay en el estado, y la cita era en uno de los seis que hay en esta ciudad, el de la zona centro.

Pero esa disposición para hablar sobre su experiencia como concesionarios duró muy poco.

Al siguiente día muy temprano, una mujer llamó para avisar que Rodríguez Rojas saldría de viaje al menos un par de días, y por lo tanto no podría atender la entrevista.

Se propuso entonces un enlace vía telefónica, y pronto personal de comunicación se estaba poniendo en contacto para excusar de nuevo al presidente de la asociación.

Pidió conocer por anticipado las preguntas, y se le hicieron llegar un par para que conociera el tema en general.

Después solicitó responder todo por escrito, y ante la insistencia de una entrevista, el seguimiento a la solicitud se convirtió al menos durante una semana en una negativa disfrazada de "en proceso".

Pero la opacidad de la asociación no sorprende. En una sencilla búsqueda en la red no fue posible encontrar una sola entrevista a algún representante.

Si acaso hay unas cuantas declaraciones de voceros asegurando que no hay esperas para la revisión.

En general en los portales de noticias solo hay comunicados de prensa que la asociación envía cada tanto para recordar a los automovilistas que deben verificar sus autos si quieren renovar tarjeta de circulación u obtener placas.

"La Secretaría de Protección al Ambiente reconoció que los niveles de contaminación en la entidad habían registrado una importante disminución la cual fue gracias a la aplicación del programa de verifiación vehicular y la respuesta de la comunidad de llevar a sus unidades a cumplir con la revisión" (sic), dijo la asociación en un comunicado fechado el tres de enero del 2017.

Pero ese silencio no los ha tenido precisamente lejos del ojo público. En 2014 el entonces diputado local Roberto Dávalos dio a conocer que una docena de las concesionarias estaba demandando al estado por responsabilidad patrimonial.

Aseguró que los empresarios alegaban que el retraso en la implementación del programa les había ocasionado pérdidas millonarias.

Ese mismo año los diputados locales vincularon la prueba de emisiones con la renovación de la tarjeta de circulación y la obtención de placas.

Entonces los verificentros se convirtieron otra vez en noticia, pero por la falta de personal para atender a todos los automovilistas que abarrotaron sus instalaciones, provocando largas filas de espera de hasta cinco horas.

Quizá por todo esto ciudadanos expresan molestia cuando saben que el programa de verificación vehicular continuará funcionando.

"Es mucho gasto, pero ¿qué vamos a hacer?", respondió Patricia López, al salir de las oficinas de Recaudación de rentas.

Quizá lo que hay que hacer es pensar menos en el negocio y más en el medio ambiente, porque ésa es riqueza para todos.