Aquellos autos “chocolate” que ingresaron al país después del 19 de octubre de 2021, pero que se regularizaron por medio del decreto federal, deben evitar cruzar a Estados Unidos, pues aunque es impugnable la medida de la Aduana de Tijuana de decomisar este tipo de unidades, el proceso de recuperación resultaría tardado.
Lo anterior lo planteó el abogado fiscalista, Jorge Pickett Corona, quien recalcó que este tipo de personas que se aprovecharon del decreto, pese a que no cumplían con los requisitos, al final obtuvieron un documento legal que acredita su estancia legal en el país.
“Ahí hay una probable ilegalidad, muy debatible, muy combatible, porque esta persona de alguna manera obtuvo el documento donde se le regularizó el vehículo, aún cuando no haya cumplido con las disposiciones que establece el decreto, ese es otro tema. Es bastante impugnable el hecho de que la Aduana le quite el vehículo por ingresar ilegalmente al país, porque técnicamente no está ingresando ilegalmente, tiene un documento oficial que ampara la introducción del auto”, agregó.
El especialista aseguró que desde un principio la autoridad federal debió haber rechazado la regularización, pues no cumplían con el requisito de haber ingresado al país antes de la fecha en que se publicara el decreto presidencial.
“Si hay un documento oficial donde la propia autoridad hizo caso omiso de lo que establece el decreto, eso no es tema del automovilista”, expresó.
Pickett Corona sugirió a las personas que están en este escenario, buscar importar el vehículo de forma definitiva, reiterando que no crucen a Estados Unidos para evitar cualquier tipo de problema con la Agencia Nacional de Aduanas y el Servicio de Administración Tributaria.
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“Se lo van a poder incautar, aunque muy impugnable, al final del día será tema de un litigio, porque todo lo que haga la autoridad fiscal se presume legal hasta entonces el contribuyente demuestre lo contrario. Si el SAT ilegalmente te quita el carro, eso es legal y tú cómo contribuyente tienes que demostrar que lo que hizo el SAT fue ilegal”, concluyó.