Tijuana.- Trato arbitrario, despojo de pertenencias y ser desalojados en contra de su voluntad, sin garantizar la un protocolo de seguridad para quienes han denunciado ser víctimas de trata y violencia, son parte de los señalamientos expuestos por migrantes desalojados el pasado domingo de las instalaciones del puerto de cruce fronterizo de El Chaparral.
Sin descartar el retornar a El Chaparral a conformar un nuevo campamento, los desplazados de distintos países y estados de México, demandaron un trato humanitario.
Al grito de “justicia”, y portando pancartas con leyendas en las que se leía, “Somos personas, no animales”, “Inmigrantes unidos contra la injusticia”, “Todos somos migrantes”, entre otros, se desplazaron la mañana de este jueves a la sede en Tijuana de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en donde realizaron una protesta.
Llegaron con decenas de menores de edad, para demostrar que en el campamento de El Chaparral había decenas de menores, y no solamente ocho, como declarara la alcaldesa de este municipio, Montserrat Caballero, de quien se dijeron engañados.
Jenifer Torres, proveniente de Honduras, acusó trato discriminatorio en el albergue del proyecto Salesiano San Juan Bosco, en el que fue reubicada pero solo permaneció por dos días.
“Nos tratan como si tuviéramos sarna, los dos primeros días solo nos dieron una comida y ya tarde, ni para los niños nos dan alimentos cuando les pedimos, porque todo está medido”, compartió.
Por ello, agregó, varias familias optaron por abandonar el refugio y buscar un lugar donde vivir.
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“Nos salimos a rentar una casa en la que hay filtración de agua, pero no tenemos para más”, compartió.
Jorge Espino, de origen michoacano, dijo que fue llevado al campamento Carmén Serdán, refugio que para ingresar los migrantes deben dejar sus teléfonos celulares, además de que se les prohíbe la salida. Por esa razón, optó por no quedarse, indicó.
Albert Rivera Colón, encargado del albergue Ágape, acusó a las autoridades el haber desalojado a migrantes víctimas de violencia sin las medidas de seguridad adecuadas, por lo que la denuncia interpuesta ante la CNDH se extenderá a la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).
Raúl Ramírez Bahena, coordinador de la CNDH en Tijuana, sostuvo que todas las quejas serán atendidas y canalizadas a las autoridades competentes, y detalló que, “alrededor de tres”, son las quejas que han recibido de parte de migrantes víctimas de violencia.
