Tijuana.- A casi 1 año de la despenalización del aborto en Baja California, las mujeres siguen enfrentando denuncias penales por realizarlos y sin acceder a la interrupción legal del embarazo en instituciones públicas de salud.
Según información obtenida mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), desde noviembre del 2021 al 7 de julio del 2022, se habían abierto 10 carpetas de investigación ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de aborto.
Esto a pesar de que el Congreso local aprobó en 29 de octubre del 2021, la reforma al Código Penal para despenalizarlo hasta la doceava semana de gestación.
También la Ley de Salud Pública estatal establece que las instituciones de salud públicas deben ofrecer este servicio de forma digna, segura y gratuita.
Pero este derecho sigue siendo negado y las mujeres continúan buscando acompañamiento de colectivas para realizar el proceso.
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Mediante la PNT, la Secretaría de Salud de Estado respondió que, “no se cuenta con una base de datos de personal objetor de conciencia debido al estigma que conlleva el aborto en el gremio de la salud, aunado a la rotación del personal”.
La Colectiva Bloodys de aborto seguro en Tijuana, denunció que mujeres que buscan interrumpir la gestión de su embarazo son remitidas a ellas, para finalizar con el proceso porque doctores se han negado a realizarlo en instituciones de salud pública.