Tijuana.-Existe “un hueco financiero muy terrible para los ayuntamientos”, señaló el coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independiente, Carlos Atilano Peña, ante la municipalización de los organismos del agua en Baja California, “porque todos esos cobros irregulares pueden ser obligados al ayuntamiento a devolverlos”.
Mencionó que si un juez obligara a regresar los cobros a las empresas amparadas, los ayuntamientos tendrían que pagar.
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Atilano Peña señaló que la municipalización de los organismos del agua era impostergable, pero señaló que fue a capricho del gobernador y con deficiencias legislativas, como no discutirse en comisiones.
“Por qué lo hace el gobierno estatal ya que se va, cuando durante dos años estuvieron utilizando este organismo para extorsionar a los ciudadanos, para hacer cobros excesivos, que a la fecha se siguen presentando (...). Y que lamentablemente siguen los tandeos y demasiados cortes de agua, ya cuando el gobernador se va se lo pasa a los ayuntamientos, que va a tener más influencia política que en el gobierno del estado. Dicen que piensa mal y acertarás, esperemos que el gobernador no quiera meter las manos en los organismos”, comentó.
Sumando a ello, el sector autoriza la contratación de una empresa externa para los cobros del agua, se está lucrando con el servicio
“Ahora debemos de pagar una comisión a una tercera empresa para el cobro, cuando debería de hacerse personalmente en las comisiones, ahí hay que poner mucha atención porque puede ser la pauta a un proceso privatizador del agua, porque el agua es un derecho humano que no debe de comercializarse”, dijo.
Sobre la reforma que no ha sido pasada al pleno, que amplía el periodo del fiscal general hasta 2028, dijo que la retroactividad de la ley se lo impide.
Mencionó que por el compadrazgo entre el gobernador Jaime Bonilla Valdez y Guillermo Ruiz Hernández se han realizado reformas para beneficiar al fiscal, como la que amplió la edad para estos funcionarios.