Tijuana.- El agua es vida, pero en Baja California es también un tema de conflicto por su manejo. Desde hace un par de semanas hemos sido testigos de enfrentamientos entre actores políticos de la entidad, que dan distintas versiones y argumentos para justificar o rechazar que los ayuntamientos tomen el control de los organismos operadores del agua, por primera vez desde la creación de estos, en el gobierno de Raúl Sánchez Díaz, hace más de 50 años.
Como toda historia siempre hay dos versiones. Por eso, más allá de intereses o anhelos, especialistas en las áreas académica, técnica y jurídica, exponen los pros y contras de la “municipalización del agua” y del proceso legislativo con el que fue aprobado por la pasada legislatura local.
¿ES POSITIVA LA MUNICIPALIZACIÓN?
¿Es un buen paso la municipalización del agua en Baja California? Para el investigador del Colegio de la Frontera Norte (El Colef), Alfonso Cortez Lara, la respuesta es sí, pero no como lo ha ejecutado la administración estatal encabezada por Jaime Bonilla Valdez.
El especialista, adscrito al Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente, señala que aún no quedan claros asuntos como las tarifas; qué pasará con las deudas de los organismos; la cuestión laboral o el destino de la cartera vencida, entre otros puntos de relevancia, porque no se destinó tiempo para un análisis a detalle.
“El proceso, independientemente de las formas que no fueron las más adecuadas, el momento tampoco fue el más propicio. Ahorita que está en la transición de los gobiernos y con tan poco tiempo para que salga uno y entre el otro. Lo que es la municipalización tal como está establecida en la constitución, es benéfica para los ayuntamientos, siempre y cuando se haga en forma y en el momento más indicado. Cuando tengas un diagnóstico a nivel municipal y cada municipio dé la factibilidad técnica, financiera, viabilidad laboral y aspectos jurídicos y actividad productiva”, comentó.
Cortez Lara alertó del riesgo de que la municipalización se haya hecho “fast track”, advirtiendo que hay ejemplos en otros estados de la República donde se tuvo que dar reversa, dada el poco análisis realizado.
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“Hay que cerrar bien la pinza, porque el estado se queda con funciones, según mientras se presentan los reglamentos y esto refleja que no están preparados. Hay que tener mucho cuidado, debe haberse analizado por parte del gobierno estatal que es el que quería transferirlo, aunque hasta hace unos meses el mismo gobierno decía que los ayuntamientos no estaban listos”, abundó.
Pese a lo caótico y a las aristas políticas que se han interpuesto en la transferencia de los organismos del agua a los ayuntamientos, el investigador del Colef insistió en el hecho, de que a largo plazo, la municipalización del agua es una medida adecuada, en el camino a prestar un mejor servicio.
“Esto se puede resolver de mejor manera a nivel municipal porque son los que pueden estudiar a fondo la problemática. `Zapatero a tus zapatos´, este es un problema de los ayuntamientos, ellos deberían gestionar el agua. Así a la brava no, hay que ver las condiciones idóneas y si no existen, crearlas, pero la meta debe ser municipalizar el servicio”, aseveró.
¿FUE LEGAL LA MUNICIPALIZACIÓN?
Catalina Salas Bravo, presidenta de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California (Fedabo), apunta que en la reforma al artículo 115 constitucional de 1999 se establecieron los servicios y funciones que tendrían los ayuntamientos del país.
Entre esas se encuentra la del agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Justamente la tarea que tienen a cargo actualmente las cuatro comisiones estatales del agua en Baja California.
Aunque el decreto 289 que reformó la Ley que Regula la Prestación del Servicio de Agua Potable en Baja California, va en el sentido del artículo 115, la especialista en derecho advierte de errores en el procedimiento legislativo, que pueden ser motivo de controversia.
“En esta iniciativa que se presentó, que no es una reforma constitucional del estado, se reformaron dos leyes. La controversia que se ha suscitado es que los ayuntamientos no fueron llamados para la iniciativa. El artículo 30 de la constitución local, establece en su párrafo primero y fracción 2, que las comisiones de dictamen legislativo que se encuentren en el Congreso del Estado anunciarán al Poder Ejecutivo por lo menos con cinco días de anticipación a la sesión cuando vaya a discutirse un proyecto, a fin de que puede enviar un representante, obviamente sin voto, que forme parte de los trabajos. Pero que exponga el porqué puede ser afectado por la iniciativa o cualquier otra consideración”, agregó
Y puntualiza sobre el tema: “El artículo 30 establece ese mismo procedimiento tanto con el Poder Judicial y los ayuntamientos cuando la iniciativa se refiera a los asuntos de carácter municipal en los términos de la constitución estatal y el agua es un tema que tiene que ver con el municipio. Más cuando después de tantos años se decide entregar ese servicio. Se debió haber escuchado a los ayuntamientos, sí hubo una violación al procedimiento pero en la constitución del estado”, asienta.
Salas Bravo precisó que desde el 30 de julio hay un plazo de 30 días naturales para que se instale la comisión especial para la transición de las comisiones del agua, en tanto que se establecieron 60 días naturales para que los ayuntamientos creen los nuevos organismos en la estructura municipal.
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No obstante, la dirigente de la Fedabo asegura que pese al avance en el proceso de municipalización, éste aún podría tener reversa con la entrada de la nueva legislatura estatal y del gobierno del estado.
“Todo proceso legislativo puede modificarse de la misma forma que inició. Si hubo una iniciativa, igual pueden retomar como se encontraba originalmente. Ya se ha hecho en otros momentos. Esto lo que hace es evitar que se judicialice, que ahora activas al Poder Judicial Federal y se vuelve todo un juicio, cuando es un problema local que se puede resolver dentro de este ámbito”, remarcó.
ESTE AYUNTAMIENTO SÍ PUEDE HACERSE CARGO
Esta ciudad es capaz de encargarse de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), afirma un exfuncionario que acumuló una amplia experiencia en la dirección de ese organismo durante los gobiernos panistas y que habló con la condición de no ser citado directamente.
Dijo que con un presupuesto de más de tres mil millones de pesos anuales, la hoy paraestatal que también atiende a Rosarito, perfectamente podría ser asumida por el Ayuntamiento aún con los pasivos que acarrea ese organismo.
“Si la CESPT es autosuficiente, que los ingresos que tenga paguen los gastos. No va a haber ningún problema y no va a ser carga para nadie. No debe haber problema en manos de quién esté. Es un buen paso el que se lleve al ayuntamiento, que se haya hecho cuarto para los 12, pues es algo que hay que analizar. No nos debemos de espantar. Es una realidad, es un ente grande, no sé si sea malo o bueno, a lo mejor fortaleces al Ayuntamiento, si se ve desde el punto de vista que se quiera”, manifestó.
Recalcó que si se habla de coordinación, el traspaso podría acelerar varias obras porque no serían dos áreas distintas trabajando atendiendo las necesidades, sino solo el Ayuntamiento.
“En lugares donde no haya drenaje, ya vas a poner agua, drenaje y pavimentación, ya lo incluyes. Porque ahora la CESPT no pavimenta. Desde el punto de vista técnico, se podrían facilitar y simplificar muchos procesos de este tipo y quienes saldrían ganando serían los ciudadanos”, concluyó.
CONTRADICCIONES
Desde julio de 2020, el titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección al Agua (Seproa), Salomón Faz Apodaca, ha hecho comentarios sobre la municipalización del agua, muchos de ellos con posturas distintas, en apenas un año de distancia.
En julio del año pasado, El Sol de Tijuana abordó al funcionario acerca de la transferencia de los organismos del agua a los ayuntamientos, y en aquel momento descartó que existieran las condiciones.
“Tienen que darse dos circunstancias: que los organismos y municipios estén sanos financieramente, y eso no pasa. Los municipios tienen un reto en acomodar sus gastos, gastan el 70% en nómina, recibirían un organismo sano y tendrían un municipio mal, el recurso caería en otra cosa”, comentaba a este medio de comunicación.
Pero el 30 de julio pasado, durante la transmisión matutina del gobierno del estado, el funcionario dejó la “bolita” en la cancha de los ayuntamientos.
“No es un acto de imposición, se le está dando un término a los municipios para que decidan sus cabildos si van a aceptar o no presidir el organismo”, exponía.
