Es necesario que sea reparado el daño de las personas en contexto de movilidad que fueron víctimas de presuntos actos de extorsión por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), consideró José Luis Pérez Canchola, miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.
“Estamos hablando de un abuso y exceso de estas autoridades y es lamentable que sea en contra de niños y familias”, dijo.
Agregó que la autoridad federal debe implementar “mano dura” para prevenir que se sigan realizando prácticas ilegales al interior de la corporación, como el caso de dos agentes de la estación Tijuana del INM que fueron destituidos por presuntos delitos federales.
“Va a seguir si no se pone mano dura, el presidente puede tener un buen discurso arriba, pero abajo sigue todo igual, yo creo que necesitamos una sensibilidad desde el centro para ordenar”, expresó.
Hace un par de semanas los dos agentes fueron detenidos durante un cateo a un domicilio ubicado en Villas de Santa Fe 5ta Sección, en donde fueron decomisados 15 cartuchos calibre 9 mm, uno de ellos con punta expansiva, así como 1 millón 90 pesos y 27 mil dólares en efectivo.
Según información extraoficial, la carpeta de Investigación FED/BC/TIJ/0000550/2024, los imputados fueron Marte Antonio y María Elizabeth.
Pérez Canchola consideró que el dinero que es incautado al crimen organizado debe de ser entregado a los albergues y asociaciones civiles en pro defensa del migrante.
“Ese dinero debe ir a los albergues de migrantes, ese dinero no es del gobierno, fue extorsión de propios migrantes y debe regresar a los migrantes a través de los albergues”, apuntó.
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Añadió que se debe castigar a los agentes y los involucrados en los casos de presunta extorsión a personas en contexto de movilidad.