Tijuana.- Es necesario seguir impulsando sanciones para aquellos jueces y fiscales que no cumplan con los protocolos para que se actúe con perspectiva de género, consideró la presidenta saliente de la Red de Mujeres Unidas de Baja California, Miriam Ayón Castro.
En el marco del cambio de dirigencia de dicha asociación, recordó que en el Congreso del Estado actualmente se aborda una propuesta de reforma, que busca sancionar la violencia institucional.
“Celebro que se esté trabajando en el Congreso para establecer esas sanciones para los funcionarios y la funcionarias que no cumplan con su trabajo. Hoy en día es obligación de todos juzgar con perspectiva de género”, expresó.
Castro Ayón, habló sobre el periodo que estuvo al frente de la Red de Mujeres Unidas de Baja California, en donde deja la presidencia a Gina Arana.
“El común denominador que encontramos era que cuando una mujer decidía acudir a una instancia para buscar justicia se encontraba con la revictimizacion y la violencia institucional. No solo que la mujer identifique que es víctima de violencia, sino que la autoridad esté lista para recibir a esa mujer y para darle protección”, manifestó.