Tijuana.- La ciudadanía no debería pagar por la protección de los candidatos durante este periodo de campañas electorales, opinó Roberto Quijano Sosa, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC).
Quijano Sosa señaló que los partidos políticos y candidatos reciben suficientes recursos para realizar sus campañas, incluyendo el costo de su protección.
“Por lo que yo creo que no es correcto que la ciudadanía y contribuyentes paguemos la protección de los candidatos. Entendemos que es una situación delicada, pero los partidos deben atender esa situación y los propios candidatos”, añadió.
El presidente del CCSPBC cuestionó qué áreas dejarán de atender los agentes y elementos de seguridad para la protección de candidatos.
“Porque al final del día van a estar en campaña dos meses, se eligen diputados locales, federales, regidores, alcaldes y senadores. Son muchísimas imposiciones que se están atendiendo, y yo cuestiono qué áreas de la seguridad van a dejarse de atender para atender a los candidatos”, mencionó.
Roberto Quijano dió estas declaraciones un día después de que Gisela Gaytán, candidata a la alcaldía de Celaya, en Guanajuato, fuera asesinada durante un evento de campaña.
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Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, declaró este martes que su gobierno garantizará la seguridad de los candidatos locales que lo soliciten, y reiteró que los candidatos a cargos federales tendrán protección por parte de la federación.
“Hoy (martes) por la mañana platicaba con el secretario de Seguridad, el general Tizoc, la importancia de brindar la seguridad a todos los candidatos y candidatas que participen en el proceso electoral y vamos a estar atendiendo de manera permanente”, mencionó.
Sobre la seguridad durante el proceso electoral, recordando las últimas elecciones estatales del 2021 cuando fueron incendiadas urnas y dejados restos humanos en algunas casillas, Quijano Sosa dijo que el próximo proceso las autoridades electorales deben determinar las medidas de seguridad con el gobierno estatal y federal.
“Debe ponerse de acuerdo con las autoridades correspondientes de seguridad pública. Pero bajo mi punto de vista no creo que lo más apropiado sea que se le dé seguridad a los candidatos (...) Le corresponde a las autoridades guardar todo lo que es la seguridad del proceso electoral”, reiteró.
