Tijuana.- A casi cinco años de iniciada la renta de camiones recolectores y de transferencia de basura, el gobierno de Tijuana ha pagado a Grupo Turbofin S.A.P.I. de C.V. más de 270 millones de pesos… y contando.
De acuerdo al costo promedio en el mercado, el precio de un camión recolector de basura ronda los 2.5 millones de pesos.
Pero desde 2017 con el gobierno del panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro, “El Patas”, el Ayuntamiento de Tijuana optó por arrendar el equipo para recolectar y transferir los desechos domésticos que se generan en este municipio.
A partir de entonces, cada administración municipal ha rentado a Turbofin los mismos 40 camiones recolectores de basura y 12 tracto camiones con caja de transferencia, modelo 2017 y 2018 que contrató Gastélum.
Sea por adjudicación directa o licitación pública, en casi cinco años ha sido esta compañía la única en otorgar el servicio de renta del equipo para la recolección y transferencia de basura.
Tan solo durante la administración de Gastélum, Grupo Turbofin, empresa representada por Felipe de Jesús Bada Sainz, obtuvo del erario de Tijuana alrededor de 180 millones de pesos por la renta.
A pesar del cambio de partido en el poder, esta práctica continuó aplicándose por los sucesores de “El Patas”: los morenistas Arturo González Cruz y Karla Ruiz Macfarland.
Montserrat Caballero Ramírez no ha sido la excepción y en los primeros tres meses de su gobierno continuó con el pago de las mensualidades que sus antecesores acordaron para 2021: tres millones 247 mil 285 pesos.
Hasta diciembre de 2021, los alcaldes emanados de Morena han pagado a la firma que ubica su domicilio en la Ciudad de México más de 90.7 millones de pesos.
Para enero de 2022, el gobierno de Montserrat Caballero amplió por un mes el contrato con la arrendadora, convenio que podría extenderse durante febrero, en tanto el XXIV Ayuntamiento de Tijuana prepara licitación para firmar un nuevo convenio de renta de equipo de recolección de basura, acuerdo que la alcaldesa no descartó pueda recaer de nuevo en Grupo Turbofin.
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CINCO AÑOS DE TURBOFIN
Sin camiones recolectores de basura, sin experiencia en la renta de este tipo de equipo, y sin haber entregado una sola de las 52 unidades arrendadas, Grupo Turbofin recibió en abril de 2017 un anticipo de 20 millones de pesos por un convenio que le fue asignado por adjudicación directa.
El monto total establecido en el contrato de ese año fue de 80 millones de pesos.
Para 2018 el gobierno de Tijuana, entonces encabezado por Juan Manuel Gastélum, continuó rentando el mismo equipo, sin mediar licitación, pese a tratarse de un servicio por el que se erogó un monto de 65 millones de pesos.
En 2019 se lanzó una licitación pública en la que participaron Arrendadora Shel Ha, S.A. de C.V., MJ Industrial, S.a. de C.V. y Grupo Turbofin.
Arrendadora Shel Ha es una empresa asentada en Polanco, que provee el servicio de renta de vehículos blindados con opción de compra y, de acuerdo a su historial, carece de experiencia en la renta de equipo para recolección de basura, servicio que no incluye en su oferta publicitaria.
No obstante, de acuerdo al comité de licitación, la empresa logró cumplir con ocho de 10 requisitos solicitados, mientras que la propuesta de MJ Industrial no fue aceptada.
Pero el fallo de la licitación se otorgó a Grupo Turbofin, por lo que continuó con el arrendamiento y lo hizo con el mismo equipo con el que había iniciado el servicio, pero a un costo de tres millones 878 mil 213 pesos mensuales, lo que significa 630 mil 928 más que el primer contrato.
Siguió la administración de Arturo González Cruz y continuó con el mismo modelo de asignación.
Para el ejercicio 2020 lanzó otra licitación y el fallo favoreció de nuevo a la empresa que representa Felipe de Jesús Bada Sainz.
Ese año el contrato se tasó en un total de 40 millones 119 mil 432 pesos, sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, monto que se dividió en mensualidades de un millón 990 mil 981 pesos por los 40 camiones recolectores de basura y un millón 352 mil 304 pesos por los 12 tracto camiones con caja de transferencia.
En 2021, el último año de la administración de González Cruz, compartido con Karla Ruiz Macfarland, el municipio abrió una tercera licitación.
La convocatoria fue atendida por los mismos participantes de años anteriores y, de nuevo, el gobierno de Tijuana designó como licitante ganador a Grupo Turbofin.
De acuerdo a este fallo, Turbofin “presentó la propuesta económica factible y cumple con todos y cada uno de los requisitos solicitados, además de ser su propuesta técnica como económica propicias y adecuadas a las necesidades del área”, se lee en el documento.
El año pasado la arrendadora cobró por el servicio mensualidades de tres millones 247 mil 285 pesos, sin IVA, misma cantidad que sigue pagando el actual gobierno de Montserrat Caballero.
CONTRATO DE TURBOFIN, BAJO INVESTIGACIÓN DE SINDICATURA
Actualmente, la Sindicatura Procuradora, a cargo de Rafael Leyva Pérez, da seguimiento a una denuncia interpuesta en contra del primer contrato que se asignó a Grupo Turbofin en 2017.
La queja presentada por un regidor se encuentra en etapa de integración y es la única denuncia que se tiene al respecto, subrayó.
Lo cierto es que la denuncia fue presentada por los entonces regidores Manuel Rodríguez Monárrez, José Manuel Ortiz Ampudia y Mónica Vega Aguirre, actualmente subsecretaria de Medio Ambiente en el gobierno de Marina del Pilar Ávila.
En la queja, los ediles demandaron a Sindicatura investigar para anular el contrato y denunciar ante las instancias correspondientes a los funcionarios involucrados, por considerar que “el mencionado acto administrativo se encuentra viciado y es sujeto de nulidad”.
A casi cinco años de haberse presentado la denuncia, Sindicatura continúa sin concluir la investigación, y aún cuando algunos de los funcionarios involucrados en la adjudicación del primer contrato a Turbofin han sido llamados a comparecer, ninguno ha sido sancionado por esa causa.
En tanto, la empresa sigue siendo contratada por el gobierno municipal, como la única arrendadora de maquinaria para la recolección de la basura doméstica de la ciudad.
El síndico procurador Rafael Leyva recordó que por tratarse de una investigación que involucra a servidores públicos, se tiene un periodo máximo de siete años para reunir todos los elementos necesarios que permitan determinar si la falta fue o no grave.
Desafortunadamente, dijo, no se tiene una respuesta rápida cuando giran oficios a otras dependencias para obtener información, y esto demora la indagatoria.
“Yo espero, y así será, que esta Sindicatura, antes de que termine mi periodo, estaremos dando los resultados de esta investigación”, comprometió.
Consideró que por la relevancia y montos a los que ascenderán las sanciones, el resultado se calificaría como una falta administrativa grave.
“Seguramente la estaremos mandando al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California (TEJA), para que sean ellos quienes dictaminen sentencia”, dijo.
MONTSERRAT Y LA CUARTA LICITACIÓN
La alcaldesa Montserrat Caballero proyecta continuar con la renta de camiones recolectores y de transferencia de basura, toda vez que en el presupuesto de 2022 no se estableció una partida para comprar equipo.
“Se va a hacer una licitación a partir del siguiente mes o a finales de este, porque no tenemos nosotros la maquinaria necesaria para dar el servicio”, dijo.
Anotó que será una licitación de preferencia estatal, para que la inversión se quede en Tijuana.
“Quisiera privilegiar a nuestros empresarios tijuanenses, si no hay una mejor oferta tijuanense, entonces ya nos vamos a lo nacional”, agregó.
No obstante que existe una investigación abierta en Sindicatura que involucra a Grupo Turbofin, Caballero Ramírez no descartó que esta empresa pueda continuar trabajando con el municipio como lo hizo en los tres primeros meses de su administración.
“Lo puedo calificar como bueno”, expresó la presidenta municipal sobre el servicio.
Marcelo de Jesús Machain Servín, Oficial Mayor de Tijuana, dijo que la actual administración dio continuidad al contrato con Turbofin para no detener el servicio de recolección de basura.
“Nosotros recibimos el 30 de septiembre y la recolección de basura no podía parar. Los procesos de licitación son lentos y la ley de adquisiciones establece una excepción a la regla para este tipo de situaciones emergentes”, explicó.
El funcionario detalló que lo único que se hizo fue un contrato de tres meses con quien ya era el proveedor, respetando la misma cotización establecida en 2021.
La cuarta licitación será presentada este mes por el XXIV Ayuntamiento de Tijuana, por lo cual se hizo una extensión del contrato con Turbofin por un mes más.
En cuanto a los términos de la nueva convocatoria, el Oficial Mayor no brindó detalles.
“Lo que hay que mejorar se va a mejorar en las bases de licitación”, dijo.
Y aunque subrayó que valorarán las necesidades de la ciudad para establecer el número de unidades a arrendar, al final todo dependerá de la suficiencia presupuestal.
“Hago la valoración y si se tiene que mejorar el número de unidades lo vamos a hacer”, asentó.
