Tijuana.-Aún cuando se incumple con la Ley de Protección al Ambiente, en la entidad no se puede implementar un programa de verificación ambiental para el cual no existe la infraestructura necesaria y suficiente para llevarlo a cabo, expuso Mónica Vega Aguirre, subsecretaria de Medio Ambiente de Baja California, quien advirtió que los verificentros podrían retornar.
“No es que se quite, en realidad nunca estuvo, y sin la infraestructura necesaria no hay una viabilidad en el programa, más que violar la ley, la aplicación de la misma es inviable, por no contar con la infraestructura”, subrayó.
Aclaró que el no haber incluido la verificación vehicular en la Ley de Ingresos de 2022, no descarta la posibilidad de que en el futuro se vaya a integrar la operación de los verificentros a las acciones de gobierno.
No incluirlo no significa que no vaya a suceder o que estemos en contra de la verificación, por el contrario, se llevará a cabo, pero de una manera muy responsable y que atienda una política medioambiental.
La funcionaria recordó que la verificación vehicular no se aplica desde 2020, por lo que desde entonces se incumple con la ley ambiental.
Y el hecho de que la actual administración no lo contempló en la Ley de Ingresos fue porque en la entrega-recepción no se recibieron los documentos necesarios.
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“Para nosotros es importante que un tema de verificación ambiental tenga que ver con una política medioambiental, no con una política recaudatoria, el cual es uno de los temas principales de los que se queja la ciudadanía”, subrayó.
Por ello, anotó que actualmente la dependencia a su cargo analiza distintas acciones o programas que puedan implementarse como una política ambiental y no solo de recaudación.
“Estoy convencida de que un programa de verificación es sumamente importante, pero tiene que ser un programa bien diseñado y que derive de una política ambiental'', sostuvo Vega Aguirre.
Agregó que el programa que estaba planteando el gobierno de Jaime Bonilla carecía de una estrategia clara, al no determinar el estatus en el que quedarían los vehículos que no pasaran la verificación, o que no fueran nacionales.
Al final, dijo, la obligatoriedad de pagar la verificación terminaba imponiéndose a los contribuyentes de siempre.
Acotó que en el análisis de las nuevas medidas ambientales que se implementarán en la entidad se tomarán en cuenta todas estas consideraciones, sobre todo por los lineamientos que impone el programa de regularización de vehículos.
