Para dar atención oportuna a las mujeres víctimas de violencia que cuentan con orden de protección, no solo es necesario incrementar el número de policías municipales, si no que todas las corporaciones de seguridad trabajen en verdadera coordinación.
María Isabel Herrera Covarrubias, presidenta de la Barra de Abogadas “María Sandoval de Zarco”, señaló que el gran reto para brindar atención a las víctimas es brindarles seguimiento puntual.
Las órdenes de protección, como explica Herrera Covarrubias, son emitidas por la Fiscalía General del Estado (FGE), o el Poder Judicial de Baja California (PJBC), cuando la mujer está vulnerable y hay dos tipos: las urgentes y no urgentes.
Herrera Covarrubias consideró que “afortunadamente” la FGE está girando en tiempo y forma las órdenes, sin embargo, son insuficientes.
“Emitir una orden de protección no garantiza la seguridad plena a la ciudadanía o de la mujer”, dijo.
Su cumplimiento está a cargo de la Unidad de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género de la policía municipal, quien se encarga de realizar los rondines de vigilancia cada 72 horas y dar seguimiento por 20, 40, 60 y hasta 90 días, dependiendo la gravedad del caso.
Pero Herrera Covarrubias resalta que el número de elementos para cubrir a la población en estado de vulnerabilidad es mínimo y la corporación se ve rebasada, además las condiciones de la ciudad no ayudan.
“Están distribuidas en todo la topografía de nuestra ciudad, eso implica un gran desplazamiento de unidades y por lo tanto el nivel de atención se retrasa. Eso no quiere decir que porque tengamos pocos elementos en materia de seguridad los derechos humanos no deben ser cumplidos”, añadió.
La FGE puede emitir una orden de protección cuando la mujer acude a denunciar y su vida está en peligro.
El PJBC, en cambio, emite la orden cuando la mujer la solicita durante el juicio porque su vida puede estar en peligro durante el proceso penal.
“Entonces el juez, protegiendo la integridad de la víctima y a solicitud del Ministerio Público. En casos súper extraordinarios, que casi no suceden, no conozco, la gira el propio Poder Judicial”, explicó Herrara Covarrubias.
Rocío Karina Cano Albáñez directora de Derechos Humanos y Asuntos de Género del PJBC, señaló que a partir de este año el órgano comenzó una captura en el banco Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM).
Tan solo en el primer trimestre del año, el PJBC otorgó 247 órdenes para proteger a mujeres y niñas víctimas de violencia en el estado.
Cano Albáñez mencionó que la mayoría de las órdenes han sido emitidas en asuntos relacionados con casos familiares y penales.
“Me refiero a mujeres, niñas e infancias, porque son por temas familiares, tal vez los resguardos, las órdenes de alejamiento, etcétera”, dijo.
Además, mencionó que el PJBC puede ratificar y dar seguimiento a las órdenes que fueron solicitadas por la Fiscalía de Baja California.
Hasta el 24 de mayo, el BANAVIM tenía registro de 5 mil 123 casos de agresión en el estado y de la emisión de 3 mil 614 órdenes de protección.
En casos específicos como los de índole sexual, agentes ministeriales de la unidad especializada de delitos sexuales puede dar seguimiento a las mismas, mencionó la abogada, pero la custodia recae en la policía municipal.
Según registros de la SSPCM de Tijuana, hasta principios de mayo ha dado seguimiento a mil 836 órdenes de protección y durante el 2023 atendió 7 mil 156.
“El número de policías que tiene la secretaría de seguridad pública es mucho menor a la necesidad que tiene la atención a las víctimas”, dijo Herrera Covarrubias.
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Recordó que cada orden tiene sus particularidades, ya que depende del nivel de peligro y del delito del que es víctima la mujer, pero independientemente de eso, es necesario fortalecer la coordinación.
“Si la Fiscalía no se coordina con la policía municipal en las órdenes de protección de manera puntual, están divididos los esfuerzos [...] si fortalecen esa coordinación, esas mil y tantas [órdenes] van a tener una atención mayormente puntal y va a generar mayor protección de los derechos humanos de las mujeres”, comentó.
