¿El Estado de Derecho cómo queda? ¿Qué se puede esperar del candidato o candidata ganadora para defenderlo? Esa es la máxima preocupación de los investigadores de ciencia política y sociedad civil en Baja California, luego de las acciones de la actual administración estatal, donde no han coincidido sociedad y gobierno.

Alicia Luna Salazar, doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostiene que Baja California se encuentra en “el ojo del huracán” en las elecciones de este fin de semana por tres elementos: los antecedentes de la “Ley Bonilla” y su posible repercusión en la contienda, las candidaturas de mujeres en casi todos los cargos públicos (incluidas tres para la gubernatura), y la violencia política contra candidatas.

La miembro de la Red de Politólogas señaló que si bien está en juego la hegemonía en el Congreso de Baja California, quienes pudieran integrar un contrapeso al partido con mayoría carecieron de propuestas de valor durante las campañas, concentrándose más en las descalificaciones que nada aportaron a la discusión democrática.

“No vamos a contar con resultados contundentes el domingo”, vaticinó la politóloga, por lo que indicó que se avecina un proceso posterior a la jornada electoral muy complicado para obtener la legitimidad del gobierno, aunque las encuestas muestren una amplia ventaja entre las candidaturas.

Por su parte, la doctora en Ciencias Políticas, Marcela Bravo Ahuja, expuso: “Baja (California) es un estado interesante, es uno de los estados en donde la elección está clara a diferencia de Nuevo León y Querétaro”.

Sin embargo, detalla que hay fenómenos independientes que se deben observar además de la conformación del Congreso local y federal, como la participación que alcance la oposición a la candidatura ganadora, y después a quién sumará para “hacer gobiernos juntos”.

Bravo Ahuja plantea que el crecimiento de Morena en Baja California está afianzado por dos aspectos singulares, el voto priista previo a la elección en curso, y el desgaste del PAN en 30 años que se mantuvo en el gobierno.

Y aunque el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador no estará en la boleta, la docente de la UNAM considera que sí habrá un efecto de “arrastre”, porque la jornada electoral representa un gran debate entre quienes están a favor del ejecutivo federal y quienes no lo están.

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Mientras que el gran inhibidor de las elecciones, concuerdan las especialistas, serán la pandemia y la apatía de la gente por seguir un protocolo adicional durante la votación a raíz de esta emergencia sanitaria.

“Se prevén filas más largas, demoras para ejercer el voto, porque el proceso será más lento cuidando la sana distancia, la desinfección de las casillas y más”, mencionó Bravo Ahuja.

LA IP

En la esfera del sector empresarial y del empleo tienen una idea clara: se requiere de un gobierno que reconozca la buena fe de las cámaras y tenga apertura al diálogo propositivo del sector.

El presidente en Tijuana de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Roberto Rosas Jiménez, manifestó por ejemplo que la actual administración estatal ha sido opaca con la deuda sin tomar en cuenta la opinión pública.

“Hoy hay más corrupción que antes, lo vimos al inicio de la administración con el tema de los moches, con el tema del agua y los cobros”, asentó.

La Coparmex, al igual que el Consejo Coordinador Empresarial (CEE), dirigido por Francisco Rubio Rangel en Tijuana, ha impulsado lo que se denomina Manifiesto por México, un texto en el que pide a los siguientes gobernantes atender cinco puntos para la recuperación de Baja California, desde los gobiernos locales hasta la gubernatura: reactivación económica y social, respeto al Estado de Derecho, educación de calidad, salud y seguridad.

“Mucho se ha logrado en el estado por el trabajo conjunto de gobierno con sociedad y cámaras, no somos enemigos, somos ciudadanos que sabemos cómo crear más empleos y mejores para las personas y dar certeza a los inversionistas”, mencionó Rosas Jiménez como reflexión ante el proceso electoral.

INCONFORMIDAD

Durante el proceso de las campañas, los más descontentos fueron los sectores sociales que engloban a activistas, defensores de derechos humanos y organismos no gubernamentales, por no encontrar espacios abiertos para dialogar, ni propuestas por parte de los candidatos a problemas como la falta de medicamentos, la representación de las minorías como la comunidad LGBTTI, el matrimonio igualitario, acceso al aborto seguro y gratuito, así como la agenda ambiental en la región.

En mayor o menor medida, activistas como Meritxell Calderón, de la Red Iberoamericana de Derechos Humanos de las Mujeres, plantearon la falta de apertura de la mayoría de los candidatos para con el grupo que busca la legalización del aborto seguro y gratuito, la consolidación de las uniones homoparentales, así como el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, un derecho consagrado en la Constitución Mexicana que no se respeta al 100% en Baja California, principalmente en Tijuana, una de las ciudades a nivel nacional con mayor índice de violencia contra el género femenino.

“Pocos nos recibieron para hablar de los temas que impulsamos, buscamos los espacios, pero no se logró mucho, hemos manifestado nuestro apoyo ya a quienes sí nos escucharon, pero el llamado es a todos para atender sobre todo las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, expuso Calderón.

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Por otro lado, activistas relacionados con el medio ambiente como Octavio López, expusieron que los candidatos y candidatas se quedaron cortos al proponer soluciones a la contaminación del aire, la falta de agua o la necesidad de reforestación.

“Nos presentan propuestas recicladas, de campañas atrás, cierto es que los problemas siguen siendo los mismos, pero las soluciones son ahora más urgentes”, mencionó.

Además, subraya que ha faltado diálogo con quienes durante años han trabajado e impulsado proyectos de la agenda ambiental en Baja California.

Juana Ortiz, directora de UNIME AC, manifestó por su lado que existe una legítima preocupación entre las organizaciones que se dedican a atender a las personas que viven con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), debido a que no hay claridad en la proyección de las compras que el gobierno federal debe realizar para garantizar los tratamientos de los miles de niños, niñas y adultos que viven con este diagnóstico.

“Hoy no hemos tenido desabasto como en otros estados en lo que va del año, pero existe un comité (ciudadano) que se encarga de supervisar las compras de los retrovirales y hoy no tienen información suficiente sobre el plan del gobierno para la adquisición necesaria”, mencionó la también fundadora de la asociación que atiende a más de 20 niños, niñas y adolescentes que viven con VIH.

¿QUIÉN ES EL GRAN PERDEDOR?

Sin duda, el perdedor es el ciudadano no representado por los partidos, las corrientes políticas o los candidatos que se postularon, coincidieron tanto académicas como asociaciones civiles.

Sin embargo, también señalan que la democracia es tarea de todos, ya que para exigir hay que participar, y no solo esperar a que otros hagan el cambio.