Tijuana.- Con la inconformidad de los representantes de la mayoría de los partidos políticos, el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) aprobó el dictamen que obliga a los partidos a incluir como cuota entre sus candidatos de elección popular a personas de origen indígenas y/o etnias nativas de Baja California en las próximas elecciones.
El presidente del Instituto Estatal Electoral, Luis Alberto Hernández, dijo que la medida es para generar mayor pluralidad y cumplir con una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Ese fallo fue emitido tras un recurso de inconformidad que promovieron grupos indígenas del estado, en el que pidieron ser considerados en puestos de elección popular.
“La razón de ser de las cámaras -de diputados- de representación proporcional, es eso, que representen a la población. Si la población es diversa, plural, lo lógico es que esa cámara represente la diversidad y esa pluralidad”, comentó el consejero presidente del IEEBC.
Con la acción afirmativa de no discriminación que fue aprobada, todos los partidos políticos y/o coaliciones tendrán que presentar en sus propuestas como mínimo ocho perfiles de origen indígena para seis regidurías y dos diputaciones locales.
Para las regidurías debe ser uno por cada municipio, en Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Mexicali; la mitad de esos espacios deben ser para mujeres.
Para el municipio de Ensenada deben ser dos regidurías por continuar el poblado de San Quintín como una delegación de ese municipio, y es donde se asientan mayormente las comunidades agrícolas indígenas.
En las candidaturas a diputaciones locales para personas de etnias de Baja California o ascendencia indígena, deben ser un hombre y una mujer.
En el caso de que no sean electos por voto directo, podrán llegar al Congreso por representación proporcional. Los espacios serán para candidatos y candidatas indígenas que hayan perdido con el mayor número de votos.
El presidente del IEEBC, Luis Alberto Hernández, añadió que otro objetivo es que las comunidades de etnias nativas del estado o personas de origen indígena lleguen a ser parte de la clase gobernante.
“Históricamente ha habido cuestiones estructurales que han impedido en los hechos y en la práctica que estas personas se incorporen a los órganos donde se toman decisiones”, señaló.
LOS PARTIDOS: SÍ, PERO NO.
La cuota mínima de ocho candidaturas es para algunos partidos desproporcionada para la población indígena y las etnias nativas que radican en Baja California.
También consideran que el Instituto Estatal local no realizó una consulta adecuada para tomar esa determinación.
Por ello, al menos tres partidos políticos decidieron impugnar el dictamen: el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido del Trabajo (PT), y Movimiento Ciudadano (MC).
El representante del PAN, Juan Carlos Talamantes, dijo que están a favor de que las comunidades indígenas participen en las candidaturas de elección popular, pero piden que sea de acuerdo al porcentaje de la población asentada en la entidad.
“Creemos que los estudios y la base que se utilizó para emitir la cuota no es la correcta. Es la diferencia que traemos de criterios con lo que se aprobó en el consejo”, argumentó.
Por otra parte, el representante de MC, Miguel de Loera Guardado, mencionó que su impugnación es porque las instancias electorales realizaron una consulta a la que no fue convocada la población indígena, y los resultados de la encuesta realizada el pasado 8 de noviembre, no fueron presentados públicamente.
“Nos van a terminar confrontando sin ninguna necesidad con las comunidades indígenas, porque a final de cuentas nosotros somos los malos. Cuando al final de cuenta nosotros estamos buscando cómo darle cumplimiento a la cuota”, aseguró.
Miguel de Loera afirmó que a pesar de ser un caso que se documentó en el 2018, las instancias electorales del estado realizaron la encuesta a días de empezar el proceso electoral del 2021, que arrancó el pasado 6 de diciembre.
En contraparte, la acción afirmativa es celebrada por grupos indígenas, pues dicen que por primera vez serán tomados en cuenta no solo en el discurso político.
Y aunque en la actualidad el número de población de la comunidad indígena en Baja California es incierto, representantes aseguran que un alto porcentaje es población flotante.
Llega a Baja California para trabajar en la “pizca” de campos agrícolas, principalmente en San Quintín, y se regresa a sus lugares de origen.
El censo más confiable es el del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), que indica que existen 688 localidades indígenas con una población de 89 mil 600 personas que representan el 2.9% de la población en Baja California.
Ese instituto indica que en el estado hay dos mil 254 personas que pertenecen a una etnia de Baja California, y representan el 2.1% de la población indígena de la entidad.
EL ORIGEN DE LA INCONFORMIDAD
La persona clave para la resolución a favor de las comunidades indígenas es el arquitecto Edgar Montiel Velásquez, de 34 años de edad, un indígena mixteco asentado en Baja California.
En 2018 ingresó el recurso de inconformidad ante el IEEBC, señalando que los partidos políticos no incluían a estas comunidades en sus plataformas y como candidatos a puesto de elección popular en el proceso electoral de ese año, y que eso era un acto de discriminación.
La inconformidad fue registrada con el número de expediente SUP-REC-28/2019, y recorrió tres instancias hasta llegar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en la Ciudad de México.
Allí fue emitida en febrero del 2019 la sentencia ordenando al IEEBC que realizara las acciones para considerar a las comunidades indígenas en el actual proceso electoral de 2021.
“Esta sentencia afirmativa viene ganada directamente de tribunales y la sala superior, y si otros grupos vulnerables quisieran incidir deben de hacer ese proceso de igual manera que lo hicimos”, anotó el arquitecto Montiel Velásquez.
El grupo promotor del recurso destacó que las comunidades indígenas en los campos agrícolas de San Quintín han vivido por años en pobreza extrema y en una esclavitud moderna, sin que haya una solución al complejo problema.
Por eso esperan que de llegar sus representantes al Congreso local, generarán políticas públicas para que mejoren sus condiciones de vida.
Pero esta resolución para otorgar una cuota de ocho candidaturas a comunidades indígenas continúa en la incertidumbre, pues tras las impugnaciones de los partidos políticos, ahora esperan una resolución del tribunal electoral en Baja California.
Ya acción nacional adelantó que de no favorecerles el resultado de la impugnación acudirán a una instancia superior, que es la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Guadalajara.
Por parte de Movimiento Ciudadano, dicen que esperarán la decisión del Tribunal Local para determinar las acciones a seguir, pero no descartan acudir también a un órgano superior de justicia electoral.
