Tijuana.-Baja California no está en los primeros lugares de agresiones contra periodistas a nivel global, pero la percepción de inseguridad creció este último año, indicó Enrique Irazoque Palazuelos titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Esto derivado del asesinato de los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, ambos ocurridos en enero del presente año.
Mencionó también que, “no es menos la percepción que creció hacía las personas defensoras de Derechos Humanos”.
Las principales exigencias de periodistas y activistas a nivel nacional sobre el mecanismo de defensa son resolver la impunidad histórica, mejorar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, y fortalecimiento del mecanismo a nivel federal y local, según Irazoque Palazuelos.
Durante la jornada de diálogo en el estado para trabajar en la elaboración de un Mecanismo de Protección Federal y la iniciativa de Ley General, ambos sectores expresaron las principales deficiencias del mecanismo estatal y sus propuestas para mejorarlo.
Entre las demandas de los presentes estuvieron prohibir la descalificación de periodistas, contar con condiciones laborales justas, excluir a servidores públicos del mecanismo de protección, reparación de daños, mejorar la coordinación entre entidades de gobierno y de seguridad, incluir a familiares dentro del esquema de protección, entre otras.
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El también titular del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de DDHH y Periodistas, mencionó que trabajan en coordinación con el gobierno del estado para la protección de ambos sectores.
Explicó que los mecanismos de protección no sustituyen las obligaciones de los policías, fiscalías y áreas de gobierno que deben de ser subsidiarios y auxiliares.
“Tenemos como Estado mexicano que mejorar nuestras condiciones de reacción, no sólo en temas de protección, si no en temas de prevención, tenemos que adelantarnos a las agresiones”, comentó Irazoque Palazuelos.
Indicó que el mecanismo de defensa estatal debe seguir fortaleciéndose en términos de personal y de recursos.
En el primer día de este diálogo asistieron defensores de derechos humanos, asociaciones migrantes y civiles, colectivos de búsqueda, periodistas y dependencias gubernamentales.
Los presentes lamentaron no contar con la presencia de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, del secretario General de Gobierno, Catalino Zavala Márquez y del fiscal general Iván Carpio Sánchez.
