El Organismo Nacional solicitó medidas cautelares para comunicadores de esa entidad, ante las amenazas recibidas mediante videos y mantas.

La Comisión Nacional refrenda su solidaridad con los agraviados y el gremio periodístico de esa entidad

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresa que, ante las amenazas recibidas por varios periodistas en el estado de Baja California, las autoridades de esa entidad federativa deben brindarles las garantías necesarias para su ejercicio profesional, así como investigar el origen de las mismas, dar con los responsables y presentarlos ante la justicia para que reciban la sanción que conforme a derecho corresponde.

Para este Organismo Nacional, cualquier sociedad que busque consolidar la democracia como sistema de gobierno requiere de periodistas y medios de comunicación críticos y plenamente libres. Para ello, es fundamental que las autoridades de todos los niveles asuman un compromiso permanente con la libertad de expresión y garanticen las condiciones idóneas para que los comunicadores realicen su labor sin verse sometidos a amenazas o agresiones de ningún tipo.

En este marco, la CNDH solicitó a las autoridades del Gobierno de Baja California la implementación de medidas cautelares para los periodistas Dora Elena Cortés, directora de la Agencia Fronteriza de Noticias, y Said Betanzos, colaborador de El Mexicano, quienes han sido amenazados en distintos momentos con motivo de su ejercicio profesional, así como en días pasados también lo hizo en favor del periodista Odilón García, amenazado mediante un video difundido en redes sociales.

Igualmente, esta Comisión Nacional solicita a las autoridades de Baja California investigar y, en su caso, sancionar a los elementos policiales responsables de la agresión y retención a reporteros que cubrían la restitución de un predio en la ciudad de Tijuana la tarde de este jueves 5 de abril.

La CNDH señala que toda afectación a la libertad de expresión debe sancionarse, sin importar si proviene de autoridades o particulares, al tiempo que refrenda su solidaridad con el gremio periodístico del estado de Baja California.

Respecto de las medidas cautelares solicitadas al Secretario General de Gobierno de la entidad, Francisco Rueda Gómez, tienen como finalidad evitar daños irreparables al derecho a la vida e integridad personal de los periodistas mencionados, además de que para su emisión se cumplen los requisitos de riesgo, urgencia e irreparabilidad del daño.

Tales medidas deberán implementarse durante el tiempo que se requiera, y la autoridad destinataria deberá responder sobre la aceptación de las mismas y, de ser el caso, informar periódicamente a la CNDH las actividades realizadas para su cumplimiento.