Gerardo Avendaño / Notimex
Mexicali.- El tema de la ampliación de mandato del próximo gobernador del estado debe atenderse desde la parte legal, política y financiera para deslindar responsabilidades y sancionar a quien corresponda, aseguró Ignacio Anaya Barriguete, excandidato a la gubernatura por el Partido de Baja California (PBC).
En entrevista con Notimex, declaró que además de resolver si avanza la reforma del Congreso local para ampliar el mandato de dos a cinco años, se debe de investigar a los diputados que votaron por ella por probables actos de corrupción, así como al gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, por inmiscuirse en asuntos de la legislatura estatal.
“Sí habría que darle una sacudida al Congreso local, para que a estas personas se les llame a cuentas con los instrumentos jurídicos con los que se cuenta en el país y, en el caso del gobernador electo, que se deslinden responsabilidades, si él tiene las manos metidas en esto, que estamos convencidos que sí las tiene, habría que imponerle una sanción, incluso inhabilitarlo para ocupar ese cargo de gobernador”, señaló.
Comentó que durante la campaña, el entonces candidato realizó dos intentos formales ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) de ampliar el mandato del próximo gobernador, las cuales fueron resueltas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, rechazando la solicitud.
Asimismo, Anaya Barriguete señaló que Jaime Bonilla ha estado involucrado en diferentes hechos polémicos, como la destitución del delegado de la Financiera Nacional de Desarrollo en Baja California, Salomón Faz Apodaca, por haber participao actos proselitistas en favor del candidato de Morena.
Anaya Barriguete compartió que incluso antes de que ambos fueran aspirantes a gobernador, Jaime Bonilla le intentó vender una candidatura de Morena a una diputación.
“El año pasado antes de que yo fuera candidato a gobernador en algún momento nos invitó a comer un empresario, a Bonilla y a mí, yo tenía el legítimo interés de participar para una diputación y andaba viendo en qué instituto político se abría esa oportunidad y el señor Bonilla me dijo vente a Morena pero pretendía venderme la candidatura estando un empresario como testigo”, aseveró.
Abundó que en la designación de candidaturas de Morena para las elecciones pasadas no se respetaron los procedimientos, por lo que infirió que fueron vendidas o impuestas.
“Los procedimientos y encuestas para nombrar candidatos en Morena, no se respetaron y ni siquiera se exhibieron, se dice que ni siquiera existieron esas encuestas, entonces se puede pensar que vendió candidaturas o las regaló a los amigos”, dijo.
Por otra parte, manifestó que la reforma constitucional realizada por el congreso de Baja California para ampliar su mandato de dos a cinco años estuvo fuera del marco legal, pues se modificó un artículo que era transitorio.
“Cuando una elección culmina cuando ya se satisfizo en este caso ese momento del ejercicio público del votante, entonces es inconcebible que se pretenden reformar las disposiciones que regularon una elección que ya se consumó, de entrada es un absurdo. Ahora lo curioso es que se reforma un artículo transitorio que jurídicamente ya no existe”, explicó.
Por ello, exhortó a las instancias federales que investigue a fondo la manera en que se dio esta reforma y se indaguen las motivaciones de los legisladores locales.
“Que se investigue en la parte de los tribunales, el Senado en la parte política y jurídica que le corresponde, pero también que intervenga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la Unidad de Inteligencia Financiera y que le dé seguimiento financiero de los 20 diputados que votaron”, señaló.
