Personas que fueron afectadas con los derrumbes de Lomas del Rubí no solamente quieren una vivienda para continuar con su vida tras la tragedia que los dejó sin casa, también quieren justicia, pues consideran que la empresa inmobiliaria Grupo Melo continúa realizando movimientos de tierra, también corren peligro otras 120 casas que se encuentran etiquetadas de alto riesgo.

Mariana Morales, una de las afectadas, pidió al gobernador Jaime Bonilla Valdez que al igual que actuó en contra de Club Campestre, que indemnizó esa área, debería expropiar el fraccionamiento Valle del Pedregal, dijo que Grupo Melo utilizó sus contactos y se apropió de esa área que ya no debió haberse construido, pues estaba destinada como áreas de reserva.

Tras haber sido entregadas 133 viviendas en el fraccionamiento Lomas de la Esperanza en el área de Santa Fe, algunos afectados de Lomas del Rubí dicen que el que les hayan entregado su vivienda no quiere decir que aprueban que Grupo Melo continúe vendiendo casas y aún realice movimientos de tierra.

Hasta el momento, la inmobiliaria Grupo Melo no ha sido sancionada tras los dictámenes realizados por la anterior administración del ex alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, en un dictamen emitido por el XXII Ayuntamiento de Tijuana que señala a la constructora Melo.

Mariana Morales, quien ha encabezado el movimiento de los colonos de Lomas del Rubí para pedir justicia desde hace tres años, recibió una vivienda el pasado viernes 30 de abril, pero su madre fue una de las 16 personas de Lomas del Rubí que han muerto antes de recibir la vivienda.

En mayo del 2018, un dictamen entregado a los afectados de Lomas del Rubí indicaba que una de las causantes del derrumbe se debió al movimiento de tierra en la parte inferior para la construcción del fraccionamiento Valle del Pedregal y esto ocasionó los deslaves en Lomas del Rubí, colapsando 133 terrenos donde estaban construidas más de 200 casas.