/ domingo 3 de noviembre de 2024

Planta desaladora en Rosarito costará más de 12 mil mdp

La planta abastecería de agua a la Zona Costa por los próximos 20 años, dijo el titular de SIDURT

La planta desaladora que estará ubicada en Playas de Rosarito tendrá un costo de construcción superior a los 12 mil millones de pesos, mencionó Arturo Espinoza Jaramillo, titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT).

La planta tiene el objetivo de abastecer de agua a la Zona Costa de Baja California por los próximos 20 años.

El titular de la SIDURT mencionó que en el proyecto ejecutivo de la obra están estimando que genere 2.2 metros cúbicos de líquido desalado por segundo.

“Esa cantidad tan grande de agua no es nada más cruzo la calle y ya lo puedo conectar, tienes que hacer cambios en línea de agua hacía la zona del sistema Tijuana y Rosarito. Eso también ya se está considerando, entonces estamos hablando de una inversión entre todo arriba de 12 mil millones de pesos”, dijo.

El proyecto de construcción de la planta está evaluado por la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa), la Secretaría de Hacienda, el área legal del ejecutivo estatal y la SIDURT, mencionó Espinoza Jaramillo.

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Agregó que el objetivo es que la obra sea construida con capital estatal y federal, y aún no se tiene establecido si la licitación será pública o privada.

“Se adquirió el terreno a través de recursos federales con Fonadin (Fondo Nacional de Infraestructura) y Banobras, ahorita se están recibiendo propuestas para complementar el proyecto ejecutivo”, dijo el titular de SIDURT.

La planta será construida en el predio que era propiedad de NSC Agua, S.A. de C.V., subsidiaria de Consolidated Water, ubicado en Ejido Mazatlán, en Playas de Rosarito.

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Este fue adquirido luego de que finalizará la demanda interpuesta por el consorcio Aguas de Rosarito S.A.P.I, ante tribunales internacionales por medio del Tratado Comercial entre México y la Unión Europea.

La empresa demandó al gobierno del estado el pago de 51 millones de dólares porque el exgobernador Jaime Bonilla Valdez canceló el contrato de construcción de la planta que había firmado su antecesor, el panista Francisco Vega de Lamadrid, en 2018.

La planta desaladora que estará ubicada en Playas de Rosarito tendrá un costo de construcción superior a los 12 mil millones de pesos, mencionó Arturo Espinoza Jaramillo, titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT).

La planta tiene el objetivo de abastecer de agua a la Zona Costa de Baja California por los próximos 20 años.

El titular de la SIDURT mencionó que en el proyecto ejecutivo de la obra están estimando que genere 2.2 metros cúbicos de líquido desalado por segundo.

“Esa cantidad tan grande de agua no es nada más cruzo la calle y ya lo puedo conectar, tienes que hacer cambios en línea de agua hacía la zona del sistema Tijuana y Rosarito. Eso también ya se está considerando, entonces estamos hablando de una inversión entre todo arriba de 12 mil millones de pesos”, dijo.

El proyecto de construcción de la planta está evaluado por la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa), la Secretaría de Hacienda, el área legal del ejecutivo estatal y la SIDURT, mencionó Espinoza Jaramillo.

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Agregó que el objetivo es que la obra sea construida con capital estatal y federal, y aún no se tiene establecido si la licitación será pública o privada.

“Se adquirió el terreno a través de recursos federales con Fonadin (Fondo Nacional de Infraestructura) y Banobras, ahorita se están recibiendo propuestas para complementar el proyecto ejecutivo”, dijo el titular de SIDURT.

La planta será construida en el predio que era propiedad de NSC Agua, S.A. de C.V., subsidiaria de Consolidated Water, ubicado en Ejido Mazatlán, en Playas de Rosarito.

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Este fue adquirido luego de que finalizará la demanda interpuesta por el consorcio Aguas de Rosarito S.A.P.I, ante tribunales internacionales por medio del Tratado Comercial entre México y la Unión Europea.

La empresa demandó al gobierno del estado el pago de 51 millones de dólares porque el exgobernador Jaime Bonilla Valdez canceló el contrato de construcción de la planta que había firmado su antecesor, el panista Francisco Vega de Lamadrid, en 2018.

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