El decreto de estímulos fiscales que reduce el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16% a 8%, que amplió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su reciente gira por Baja California, es poco accesible y solo ha beneficiado a un mínimo porcentaje de los contribuyentes en la entidad, así lo aseguró el fiscalista Adolfo Solís Farías.
“En Baja California somos dos millones 242 mil 12 contribuyentes, por tanto, deberían de ser todos los que estén beneficiándose de este decreto, pero en toda la frontera no llegamos ni a 180 mil de IVA del padrón fronterizo y un .005% del padrón del Impuesto Sobre la Renta”, explicó.
Para el fiscalista, son demasiados requisitos los que pide el gobierno federal a las empresas para bajar de 16% a 8% el Impuesto al Valor Agregado, y no acceden de manera automática las empresas.
Entre los requisitos que exige, están tener un domicilio fiscal en Baja California con una antigüedad de mínimo 18 meses, así como generar al menos 90% de los ingresos en la región, tener activado el buzón tributario y no caer dentro de los supuestos del Artículo 69-B ni del 69-B bis del Código Fiscal de la Federación.
Solís Farías consideró que es un decreto de carácter político para ganar simpatías y no un decreto fiscal de fácil acceso para las empresas.
“Es un decreto político y no un decreto funcional. La vida no fue más asequible en la entidad, no se hizo más competitiva la frontera y sobre todo por las grandes condiciones que se pusieron en el decreto, mientras no se amplíe ese decreto y se abra a todas a todas las empresas sin condición alguna, entonces no va a ser un verdadero beneficio”, señaló.
Durante la visita del presidente Andres López Obrador, en dos de los eventos en Mexicali y Tecate, firmó una ampliación hasta el fin de su mandato en el 2024, para continuar con el programa de la Zona Libre de la Frontera Norte, la cual también para el 2021 se beneficiará a la frontera sur del país.
López Obrador aseguró que el decreto fue de gran trascendencia para la competitividad en las empresas del norte del país.
Un decreto que para especialistas fiscales no tuvo un impacto de mejora económica en la región, a dos años de haberse implementado en la frontera norte del país.