Laura Bueno Medina

Tijuana.- El decreto recién publicado que se establece penas de cárcel de entre tres meses y seis años para quienes presenten o emitan facturas falsas está dirigido a empresas que ofrecen servicios para “disimular” operaciones de origen malverso, planteó el Colegio de Contadores Públicos de Baja California; asimismo, para quienes, de común acuerdo, estén realizando estas actividades.

El presidente del CCPBJ, Leonardo Méndez Cervantes, señaló que la labor para los contadores no incrementa, sino que solo se trata de la tipificación como delito de la presentación de facturas falsas, lo cual era una regulación necesaria.

Aquellos casos en donde ya hay o había un acuerdo convenido para disfrazar una operación financiera o para detectar a las empresas que se dedican a engañar a otras, negocios o personales físicas con la emisión de facturas por servicios inexistentes, son los casos por los que va la autoridad fiscal.

“El cambio real es para los terceros, no para nosotros los contadores”, manifestó el presidente del CCPBJ, agregando que ahora los clientes deberán ser cuidadosos de las operaciones que realizan y con quién las llevan a cabo.

Anteriormente, el contador recomendaba a sus clientes el cuidado que debían tener al realizar operaciones con recomendaciones como la verificación de la legalidad y existencia de los negocios que les ofrecen o prestan a sus clientes.

“Validar que esas operaciones se están realizando con un ente que realmente existe” es ahora indispensable para todo contribuyente que contrate servicios de terceros, dijo el contador.

Respecto a la verificación de la validez de un negocio, el contador señaló que actualmente es muy fácil, ya que existen aplicaciones digitales que se pueden utilizar en los celulares para realizar una revisión de las empresas que se están contratando.