Hilda Teresa Padilla Fox y Nora Pacheco Becerra, ambas de 23 años, desaparecieron la noche del 24 de agosto de 2020, en plena pandemia por Covid-19, luego de salir de su hogar en pijamas.
Nora se dedicaba a vender flanes de casa en casa por las calles de Tijuana, mientras que Hilda trabajaba en una óptica en la zona centro de la ciudad.
Karla Fox, madre de Hilda dijo que durante los últimos cuatro años han vivido con la incógnita e incertidumbre de saber qué pasó con ellas y dónde están. Las dudas también invaden a toda su familia.
“Todo este tiempo ha sido horrible, no hemos podido tener un duelo, no he podido cerrar un ciclo mis hijos, mi nietas, yo, toda la familia y amigos”, comentó.
La madre criticó el actuar de las autoridades, a quienes les ha solicitado el rastreo del teléfono de su nuera, sin embargo nunca le fueron entregados los datos de ese análisis.
Explicó que estos los solicitó para poder acudir a la última ubicación detectada por el dispositivo para realizar una búsqueda de campo.
Karla Fox mencionó que durante tres años, cuando acudía a solicitar información de los avances a la Fiscalía General del Estado (FGE), sólo les respondía que la investigación continuaba su curso y que regresaran a sus hogares.
Pero no fue hasta el año pasado, cuando la FGE generó una ficha de su búsqueda y fue difundida por las autoridades.
En lo que va de 2024, la FGE de Baja California ha recibido alrededor de mil denuncias por desaparición de personas, sin embargo, colectivos de búsqueda y organismos civiles aseguran que la cifra es mayor.
El director de Unidades Especializadas de Desaparecidos en el estado, Fidel Cordera Gutiérrez, dijo que de los mil casos, 650 personas ya fueron localizadas, mientras que el resto permanecen en calidad de desaparecidas.
“Muchos casos son de menores que se van de sus hogares porque se pelean con el papá o la mamá, o se van con el novio y por eso esos son localizados muy fácilmente, todo se maneja como desaparición pero al final muchas son ausencias voluntarias”, explicó.
Fernando Ocegueda Flores, fundador de la primera asociación de búsqueda de personas desaparecidas en 2008, Unidos Por los Desaparecidos de Baja California, indicó que la mayoría de las familias no presentan una denuncia ante las autoridades por “miedo”, mientras que otras sólo lo hacen a través de redes sociales o mediante los colectivos.
“Conozco gente que su familiar desapareció en el 2010 y apenas pusieron su denuncia hace poco, porque estaban amenazados, hay muchos factores que impedían hacer la denuncia”, explicó.
Señaló que los casos de desapariciones en México han tenido una tendencia de crecimiento en todo el país, el cual se ve reflejado en la cantidad de personas que acuden a manifestarse y en la creación de nuevos colectivos.
“Los desaparecidos ahí están, las cifras son las que no coinciden con las que da el gobierno federal y estatal”, refirió Ocegueda Flores.
Comentó que un reflejo del incremento de desapariciones en el estado, es la proliferación de colectivos de búsqueda, que en el 2018 solo eran dos y actualmente son 49 organismos civiles.
Añadió que la creación de colectivos en municipios como San Quintín y San Felipe, lugares donde antes no existían, es un factor determinante en el crecimiento de los mismos.
El activista mencionó que con la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, el gobierno federal intentó hacer el Registro Nacional de Desaparecidos, obteniendo la información de todas las fiscalías en los estados, sin embargo quedó inconcluso.
Roberto Quijano Sosa, titular del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC), dijo que el delito que más preocupa en el estado es el incremento de violencia familiar y la desaparición de personas.
“Nosotros no tenemos un dato oficial, sí hay un tema de una percepción del incremento de los desaparecidos, pero como es un delito que muy poco se denuncia, no hay registro oficial, es como el cobro de piso, es un tema que ahí está y tratar de ocultarlo sería absurdo”, señaló.
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“El índice de denuncias es bajo al igual que los resultados de las investigaciones, donde el 98% de las amenazas y los extorsiones no llegan a una sentencia, porque son temas difíciles de comprobar”, expresó.
Añadió que en la mayoría de los casos de amenazas, extorsiones y desaparición de personas, la víctima conoce al victimario, y este ejerce presión sobre la familia, por eso prefieren no denunciar.
Quijano Sosa lamentó que este último delito no sea denunciado ante las autoridades por temor a represalias, porque es necesario que se visibilice la problemática.
