Rafael Díaz trabaja desde hace 10 años como guardia de seguridad en un residencial de la ciudad. En ese tiempo, ha visto cómo su sueldo apenas incrementa y no obtiene prestaciones que le permitan aspirar a un retiro digno.

Con 49 años de edad, en su vida laboral ha navegado en distintos ámbitos, pues ha sido desde estilista hasta despachador de gasolina, y en muchos casos no ha conseguido prestaciones.

Jefe de familia, ahora complementa sus ingresos de guardia de seguridad lavando carros y haciendo trabajos de jardinería.

Pero aunque trabaja más de 12 horas al día y tiene la fortuna de vivir cerca de su trabajo, lo que le permite caminar y ahorrar en transporte, los poco más de 10 mil pesos mensuales que genera, le son insuficientes.

“Los sueldos no alcanzan para nada, porque todo está bien caro, hasta lo básico está caro. Te suben 20 pesos de salario, pero eso vale un kilo de tortilla. La llego a sacar entre lo básico, comiendo no grandes cosas y alcanzan para lo básico, pagar recibos de luz, todos los gastos, escuelas de los niños”, expresó.

La realidad de Rafael es muy parecida a lo que viven miles de trabajadores en Baja California con bajos salarios y sin prestaciones que les permitan aspirar a un retiro digno en su vejez.

Mientras tanto, la situación en el corto y mediano plazo no mejora. México enfrenta los niveles inflacionarios más altos de las últimas dos décadas y se han elevado los costos de la canasta básica alimentaria.

VIVEN SIN PRESTACIONES

En Baja California, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cuarto trimestre de 2021, en el estado hay 1.8 millones de personas económicamente activas.

De ese número, hasta un 40% trabaja en la informalidad laboral, es decir, casi 720 mil trabajadores.

El mismo organismo autónomo muestra que 60 de cada 100 personas ocupadas obtienen hasta dos salarios mínimos que significan alrededor de 520 pesos diarios.

Esto se refleja en la clase trabajadora, y de acuerdo con el Inegi, un 48.2% de esa población está en un estrato socioeconómico medio bajo y bajo.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), tiene estadísticas que coinciden en gran medida con las del Inegi.

Esta institución indica que al cuarto trimestre del 2020, en Baja California un 25.3% de la población (una de cada cuatro personas) tenía un ingreso inferior al costo de la canasta alimentaria.

Y la población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos fue de 30.4%.

En general, de acuerdo con el Coneval, en Baja California 851 mil personas viven en pobreza y un millón 299 mil son vulnerables por carencias sociales.

CONDICIONES PRECARIAS LABORALES

Christian Becerril Velasco, investigador del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte (Colef), sostiene que el deterioro paulatino de las condiciones laborales trae varios problemas.

“Esto conlleva el aumento de la inestabilidad laboral, la inseguridad laboral y la vulnerabilidad de los trabajadores principalmente por la ausencia de relaciones formales que protejan a los trabajadores”, comentó.

Señaló que esta problemática se acentuó en los últimos dos años, principalmente por la situación que se vivió a nivel global con el Covid-19, y Baja California no estuvo exento.

De acuerdo a un análisis realizado por el Centro de Estudios Económicos de Baja California, (CEEBC), con datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENOE), el 2021 cerró con 713 mil 381 trabajadores informales, cuando en el 2020 eran 627 mil 806.

“Se ha agravado bastante porque cada vez que hay algún tipo de crisis la gente se queda sin empleo, se emplea en el sector informal y durante la pandemia ocurrió un fenómeno igual. La gente que se quedaba sin empleo se refugiaba en la economía informal y es donde menos existen relaciones que protejan a los trabajadores sin seguridad social y contrato formal”, expresó.

Becerril Velasco explicó que los factores que han desencadenado en la precarización laboral son distintos.

“Desde el abuso que hacen las empresas con los contratos por tiempo definido, la debilidad de los sindicatos y las reformas a la legislación. La falta de supervisión, la debilidad en la aplicación de la ley. Son bastantes”, manifestó.

El investigador del Departamento de Estudios Sociales del Colef mencionó que aunque Baja California cuenta con ventajas competitivas frente a estados del interior de la República, la entidad ha sido golpeada con aumentos en la canasta básica superiores a otras partes del país.

En Baja California la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), encontró que la canasta básica se oferta en un precio máximo entre 843.40 pesos y 994.55, siendo esta una de las más altas del país. No obstante, este costo varía según el supermercado en que se adquiera.

La Profeco analiza los precios máximos y mínimos de 21 productos básicos indispensables y de alto consumo, entre los que están el arroz, aceite, bistec, cebolla, huevo, limón, pollo, tortilla, papel higiénico, entre otros.

“En la frontera norte la principal desventaja es que la inflación o el alza de los precios pega más a las personas. Los precios se elevan más, de hecho, la canasta básica es la más cara del país. Como ventaja hay mucho empleo y una economía que depende del comercio con Estados Unidos”, apuntó el investigador.

ESTRATEGIA FEDERAL PARA LA INFLACIÓN

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, presentó esta semana en la conferencia diaria del gobierno federal, el Paquete Contra la Inflación y la Carestía que contempla diversas medidas para estabilizar los precios de 24 productos de la canasta básica y aumentar la producción interna de alimentos.

El acuerdo con el sector privado, según lo dicho por el funcionario, no representa un control de precios, sino “un acuerdo voluntario, de mutuo beneficio y en bien de la economía”.

Las empresas productoras de alimentos y cadenas de autoservicio tendrán flexibilidad para la inclusión de diferentes marcas y presentaciones de alimentos en la canasta para ajustar sus precios por el lado de la oferta.

Esto incluye los productos de mayor consumo de la canasta básica y el acuerdo consiste en mantener estable su precio durante seis meses, extendible si es necesario, a partir de consultas permanentes entre el gobierno y las empresas.

El paquete contempla tres estrategias fundamentales: de producción, de distribución y de comercio exterior. En la primera, encaminada al incremento de la oferta de alimentos, destacan la estabilización de precios de gasolinas y diesel, así como los precios de referencia del gas LP y electricidad.

Cabe destacar que el gobierno ha contenido el aumento de los combustibles utilizando como medida compensatoria el mayor ingreso por la exportación de petróleo crudo.

Asimismo, se busca aumentar la producción de granos por medio de los programas Sembrando Vida y Producción para el Bienestar, en dos millones de toneladas.

Para la distribución de alimentos, el acuerdo contempla entre otras cosas el fortalecimiento de la seguridad en carreteras con más de 12 mil elementos y dos mil 300 vehículos, y no incrementar los peajes en carreteras federales en el presente año.

Ese anuncio para tratar de detener el aumento de precios no contempla parte laboral, y ante esta coyuntura, el académico del Colef dijo que hay alternativas para fortalecer la clase trabajadora, sin embargo, se requerirá de unir esfuerzos.

“Que se fortalezcan los sindicados y se fortalezca las leyes laborales y cómo los empleadores formalizan las relaciones de trabajo”, abundó.

Mientras tanto, Rafael Díaz continuará laborando en el mismo sitio de hace una década. En donde las prestaciones ni siquiera se le ofrecen, pero dado el contexto actual, sabe que no es fácil que encuentre algo mejor.

“Yo creo que en un futuro, no le veo un futuro para mí. Nada más lo único que veo es sacar a mis hijos adelante y que ellos puedan hacer su vida con estudios que uno les da con el trabajo extra que tiene que hacer para poder sobrevivir, porque los salarios no alcanzan para nada”, aseveró.