Tijuana.- Policías municipales y Guardia Nacional comenzaron esta semana recorridos sobre la avenida Revolución para mostrarse vigilantes mientras a una cuadra del arranque del operativo, sobre la calle primera, un hombre joven con cangurera ofrecía tranquilamente a los peatones “globitos” de cristal.
“¿Cuántos? ¿Cuántos?”, preguntaba de pie sobre la banqueta frente al trajín de los bares con un tono de voz que pretende falsamente ser discreto
Pero los uniformados, algunos portando armas largas, no recorren esa calle porque la instrucción es seguir derecho sobre la avenida principal, dicen, para alejar a la delincuencia.
El Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (Cotuco), y el Comité Ciudadano de Seguridad Pública, coinciden en que la presencia de soldados ayuda pero no resuelve nada de fondo.
“Me gustaría como presidente del Comité de Turismo ver ese tipo de apoyo de la Guardia Nacional en zonas calientes de Tijuana, que todo mundo sabe dónde están. Creo que para el turismo no es agradable tener militares en las calles cuando no hay un resultado efectivo”, dice Arturo Gutiérrez, presidente del Cotuco.
Ambos organismos coinciden también en que la mala relación entre la alcaldesa Montserrat Caballero y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, simplemente favorece la descoordinación y el crimen.
También, dice Cotuco, hace falta ver detenciones inmediatas después de la comisión de un delito.
Las estadísticas sirven a veces para que las autoridades presuman alguna reducción, pero a nivel estatal la realidad es que desde 2017 el estado no tenía más de 100 mil delitos en un año, y eso ocurrió otra vez en 2022.
Incluso desde la mitad del año pasado hay un promedio mensual de nueve mil delitos y a ese ritmo este año volveremos a rebasar las 100 mil denuncias.
Tijuana, por ser la ciudad más habitada y con mayor dinamismo, concentra como es habitual más de la mitad de esa incidencia que nadie parece poder controlar efectivamente.
ACCEDE A NUESTRA EDICIÓN DIGITAL ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!
HOMICIDIO Y NARCOMENUDEO
Tan solo entre enero y mayo, en Tijuana fueron asesinadas 769 personas, homicidios que en su mayoría las autoridades siguen relacionando con el tráfico de drogas en las colonias de la ciudad.
“Estamos hablando de grupos de delincuencia organizada y tenemos que revisar quiénes son los responsables de atacar a los grupos delictivos organizados. Ya son tareas de otras instancias de gobierno que deben venir a sumar”, dice el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, Fernando Sánchez González.
Como responsable de la prevención de delitos, considera que el sistema de justicia es garantista porque las personas detenidas portando armas o por narcomenudeo pueden llevar su proceso en libertad y eso les permite volver a delinquir.
“No solo son las acciones o funciones de fiscalía, si no revisar también el sistema penal que tenemos. Cómo pudiéramos evaluarlo y analizarlo para que esto se pudiera evitar”, dice.
De acuerdo con datos oficiales, en los últimos cinco años la fiscalía de Baja California inició un promedio anual de nueve mil a 10 mil carpetas de investigación por narcomenudeo y alrededor de tres mil por homicidio doloso.
En teoría, esas investigaciones deberían llevar a órdenes de aprehensión que una vez cumplimentadas deberían reducir la incidencia delictiva, pero en la práctica los resultados claramente son insuficientes.
¿Entonces qué hacer? ¿Qué está fallando? ¿Por qué las autoridades de seguridad y justicia parecen incapaces de mantener el orden?
Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSPCBC), dice que la corporación a su cargo debe tener mayor coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), para contener al crimen.
“Es ponerle la fuerza operativa que tenemos a disposición, poder llevar a cabo esas aprehensiones y sacar de circulación a esos objetivos o gente que se dedica a la delincuencia”, comenta.
Sánchez González dice que la incidencia delictiva en Tijuana cambia constantemente y un aseguramiento de droga o una detención puede disminuir la violencia temporalmente en una zona, pero también aumentarla.
“Alguna detención nos puede generar un vacío de poder criminal y luego vienen los pleitos para obtener ese espacio”, comenta.
Leopoldo Aguilar, titular de la SSPCBC, coincide en que la dinámica de la ciudad es compleja y de esa forma deben adecuar las estrategias.
“La misma delincuencia va migrando. Ahorita es más redituable el trasiego de personas que el de enervantes. Eso conlleva otro mercado, otra situación que nos obliga a estudiar y atacar de una forma diferente al delito”, menciona.
Las policías y la fiscalía enfrentan además la percepción de la ciudadanía porque sus resultados normalmente no se vuelven virales como sí sucede con los delitos de alto impacto.
“Lo que no queremos es que se genere pánico colectivo, que en muchas ocasiones magnifican las cosas buscando ese pánico y zozobra que no le abona en nada a nuestra ciudad. tenemos que tener la justa dimensión de las cosas y atenderlas”, dijo el titular de la SSPCM.
EL DAÑO A LOS NEGOCIOS
La inseguridad afecta el día a día de los negocios de Tijuana que para evitar ser víctima de la delincuencia se ven obligados a tomar medidas extraordinarias.
Gina Villalobos González, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), dice que los establecimientos tienen pocas opciones para protegerse a causa de los elevados costos de un sistema de seguridad.
“Vemos con más frecuencia el uso de enrejado de herrería para poder estar a salvo. Y cerrar más temprano, sobre todos los abarrotes”, comenta.
Y aunque las autoridades siguen diciendo que no existe, el “cobro de piso” es una realidad.
“No hay registro oficial, nos llega en confianza el comentario del negocio sobre los asuntos más cercanos, sobre extorsiones, la mecánica en que se va dando, quiénes la ejecutan. La mayoría de casos no se tratan de cárteles o delincuencia organizada, es delincuencia muy localizada y doméstica del barrio”, afirma.
El robo a negocio entre enero y mayo se tradujo en 644 denuncias, 520 de ellas por robo con violencia.
La SSPCM dice que entre enero y mayo de este año, en comparación con el mismo periodo de 2022, en Tijuana redujeron en un 32% los robos a negocios.
Uno de los atracos más recientes y difundidos fue el del pasado 21 de mayo en el Caffé Saverios de la avenida Chapultepec, en lo que alguna vez formó parte de la llamada “zona blindada” contra la delincuencia.
El vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Tijuana, Christian Orozco, reconoció que esos hechos prenden las alarmas en el sector pero han buscado establecer lazos con la administración municipal para prevenir.
Pero el líder restaurantero considera el asalto del 21 de mayo como un hecho aislado y hasta lo minimiza.
“Tenía mucho que no sucedía algo así, fue algo muy extraño, fueron específicamente por un par de relojes caros. Donde había celulares, carteras, solamente se llevaron los relojes. No se ha suscitado en otro restaurante, no ha pasado ningún tipo de percance. Estamos
ocupados en buscar la forma de mejorar la seguridad”, dice.
Sugiere que los establecimientos descarguen la aplicación de botón de pánico y buscar los códigos de seguridad para que agentes municipales hagan rondines periódicos alrededor de los negocios.
FALTA ESTRATEGIA: CCSPM
La incidencia delictiva en Tijuana creció 8% entre enero y mayo de este año en comparación con el mismo periodo de 2022.
En los primeros cinco meses del 2023 la fiscalía inició 19 mil 460 carpetas de investigación, mil 498 más que el 2022.
Edgardo Flores Campbell, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública Municipal (CCSPM), opina que para lograr resultados en el combate a la delincuencia faltan grupos de inteligencia en las corporaciones policiacas.
Pero también que termine la disputa política entre la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez.
“Este es el terreno perfecto y fértil para que la delincuencia opere”, afirma
También critica la llegada de elementos de la Guardía Nacional y fuerzas especiales del ejército mexicano para patrullar la ciudad sin mayor estrategia.
“No tiene caso que lleguen dos mil o tres mil elementos, si solo vienen a dar vueltas en sus vehículos”, agrega.
Considera que sería mejor fortalecer a la Policía Municipal compuesta por apenas dos mil elementos, cuando para una ciudad fronteriza de más de dos millones de habitantes para Tijuana debería haber siete mil.
Y si bien la delincuencia difícilmente puede ser erradicada por completo, admite, la inseguridad y la violencia no deben convertirse en algo normal por ser cotidianas.
La última vez que Tijuana vivió “un momento de calma”, recuerda, fue en 2010 y años posteriores luego de atravesar la crisis de inseguridad en el 2008.
“En ese entonces hubo un alineamiento de esfuerzos institucionales, cuando el ejército tenía un correo de denuncias: “Nosotros sí vamos”, añade Flores Campbell en referencia a aquella campaña para motivar la denuncia ciudadana.
Sin embargo no está de acuerdo con la creación de un mando único encabezado por militares y apuesta por civiles, como fue en 2008, cuando los soldados se sumaban como apoyo a los esfuerzos de las corporaciones de seguridad pública.