Luego del anuncio de que la propietaria de los edificios colapsados en el fraccionamiento La Sierra, demandaría a la Comisión Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (Cespt), la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo, dijo que estaba en su derecho.

Bertha Rojas, declaró que las filtraciones de agua provenientes de las tuberías de la Cespt ocasionaron el deslizamiento de tierra y la caída de los dos conjuntos habitacionales, de acuerdo a un dictamen que mandó realizar.

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“Ella está en su derecho de presentar todas las acciones jurídicas que considere, nosotros respetamos eso, igualmente nosotros responderemos conforme a derecho y las Cespt hará lo propio”, respondió la gobernadora al ser cuestionada por medios de comunicación.

La demanda es por el pago de 15 millones de pesos por el concepto de daños y prejuicios.

Ante la exigencia de los vecinos de que sea arreglad la calle Tarahumara, tramo que quedó destruida luego del deslizamiento de tierra, el Ayuntamiento de Tijuana comunicó que no ha realizado ningún movimiento de tierra en la zon porque hay múltiples litigios.