A dos semanas de que concluya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Baja California presenta avances con la reducción de la pobreza y el alza al salario mínimo, pero en contraste, el sexenio del morenista no logró que en la entidad disminuyeran los índices de inseguridad.
Los flujos migratorios siguen siendo un reto para el estado, con un gobierno federal que atendió parcialmente los fenómenos que se presentaron y retiró apoyos a los refugios para migrantes.
Como una administración de “claroscuros”, califican analistas el gobierno del político tabasqueño, con la advertencia de que en asuntos como el combate a la inseguridad, una visión similar los siguientes seis años resulta insostenible para resolver de fondo los problemas que enfrenta Baja California.
ECONOMÍA Y OBRA PÚBLICA: LOGROS Y RETOS
Al arrancar el gobierno de López Obrador, los índices de pobreza en Baja California eran del 23%, porcentaje que se redujo a 13.4% en 2022, según el más reciente estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El mismo organismo indica que la población con al menos una carencia social disminuyó de 57% al 51%.
Otro rubro en el que destaca un avance del actual gobierno federal es el salario mínimo, que en la frontera norte creció de 88.4 pesos diarios a 374.89 pesos diarios entre 2018 y 2024.
No obstante, el economista Jorge Fonseca plantea que el aumento de precios ha pegado al bolsillo de la población pese al gradual incremento del salario mínimo.
La tasa de inflación meta era 3% anual pero desde la pandemia no se ha podido acercar a ese dígito y López Obrador entregará el gobierno “con una tasa fuera de control”, comentó.
Esto es preocupante porque lo bien hecho y el esfuerzo por incrementar el salario mínimo terminan golpeados por el alza de precios, destacó.
“El sexenio en términos económicos tiene claroscuros, porque hay avances relevantes en su gestión. El haber ampliado los programas sociales, en especial para adultos mayores, es el más relevante. Porque dio en el clavo con haber atendido esa demanda añeja de la ciudadanía. Las personas con mayor vulnerabilidad económica fueron volteadas a ver y fueron atendidas. Es destacable el incremento progresivo del salario mínimo, en administraciones anteriores se estuvo rezagando a un punto en el que realmente solo era referencia para llevar cálculos de multas o créditos subsidiados”, expuso el economista.
La principal promesa en materia económica para el estado fue la reducción del IVA al 8%, que si bien se concretó a través de un decreto, para Jorge Fonseca no fue suficiente.
“Funcionó como un paliativo en un momento dado muy específico, por tanto de lo que sufríamos la tasa del 16%. Fue un paliativo que fue bueno en su momento, pero no resolvió el problema. Sí tenía el Presidente la manera de poderlo hacer y no lo hizo, dejó pasar la oportunidad de hacer una modificación a la ley para que quedara de forma general”, agregó.
En obra pública destacan proyectos como el viaducto elevado y la garita Otay II, a los que el gobierno federal destinó más de 14 mil millones de pesos.
Sin embargo, en el sector de la construcción creen que era necesario consultar previamente las inversiones.
Además, el déficit de obra en Baja California alcanza los 50 mil millones de pesos, según datos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
“Por primera vez en la historia hubo una inversión tan grande como la que llevó este gobierno. Podemos estar de acuerdo o no en las obras y acciones, lo que no podemos negar fue todo lo que se invirtió. Este es buen inicio, podemos decir que no todas las obras eran las necesarias, algunos podemos decir que el viaducto elevado puede ser una obra que pudo haber invertido en transporte público, pero siempre va a hacer falta, estamos tan atrasados en infraestructura en el estado que siempre vamos a necesitar de más inversión”, expresó el dirigente de la CMIC en Tijuana, Gabriel Vizcaíno.
En cuanto a las expectativas sobre la administración que encabezará Claudia Sheinbaum, para el sector empresarial toman relevancia el nearshoring y la necesidad de certeza jurídica para las inversiones que busquen instalarse en Baja California.
“Los cambios son buenos. Ahora tendremos un perfil científico, con experiencia en gobernar la Ciudad de México, que es compleja. Es necesario dar certidumbre jurídica a la inversión, estabilidad macroeconómica, mantener la inflación, evitar mayor endeudamiento. Tenemos la gran oportunidad del nearshoring, es una oportunidad única que llega cada 50 años, urge aprovecharla, se requiere ofrecer certeza jurídica, seguridad física y patrimonial, energía de fuentes limpias y agua”, externó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Tijuana, Roberto Vega Solís.
EN SEGURIDAD, LA ESTRATEGIA ES INSOSTENIBLE
En 2018 Baja California registró 95 mil 348 delitos que aumentaron a 113 mil 864 en todo 2023, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Estatal, con base en el número de denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Esas estadísticas muestran que entre 2013 y 2017, cinco de los seis años del gobierno de Enrique Peña Nieto, el número de homicidios en el estado fue de cinco mil 979, cifra que se disparó a 13 mil 975 entre 2019 y 2023.
La desaparición de personas también marcó la agenda en este sexenio.
Hasta 2022, el dato más reciente que recaba la FGE, la organización Elementa DDHH reportó 17 mil 306 desapariciones en el estado.
La misma asociación revela que hasta 2018 había 955 carpetas de investigación abiertas por ese delito, cantidad que cuatro años después subió a dos mil 720.
Vicente Sánchez Munguía, investigador especialista en temas de seguridad, comentó que el incrementó está en delitos letales como el homicidio y la extorsión.
“Además ya en todo el territorio del estado. Ahora Ensenada, Tecate, son espacios bastantes afectados por este tipo de eventos. El tráfico de personas, la desaparición de personas, son cosas que por desgracia están presentes pero no hay una solución oficial a la mano que nos permita vislumbrar que van a cambiar las cosas”, planteó.
El también miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), señaló que el gobierno federal no priorizó para la entidad una mejora a las condiciones de las fuerzas de seguridad, tampoco la colaboración con la procuración de justicia, remarcando que han sido insuficientes los resultados económicos para atender la prevención del delito.
“Dijeron que se iban a atender las causas. Sí, es cierto que hubo una baja importante en la pobreza y mejora salarial, pero no se ha reflejado del lado de la incidencia en términos de delitos. Hay un alto índice y siempre Baja California ha aparecido entre los estados de mayores índices de violencia junto a Guanajuato, Michoacán y Guerrero”, manifestó.
De cara a la próxima administración federal, Sánchez Munguía recalcó que debe haber un cambio radical en la estrategia contra la violencia y la inseguridad en Baja California, aunque no tiene grandes expectativas, anticipa la continuidad.
“Seguir con la estrategia actual es insostenible porque sería entregarle propiamente el control al crimen o declararse incapaz de contener a la criminalidad. Será difícil que no haya una continuidad de la política actual de no tocar a las organizaciones criminales. Tendrían que tener una estrategia distinta, pero depende de cómo estará la cooperación con Estados Unidos, para pueda haber medidas más fuertes contra estos grupos del narcotráfico”, externó.
FALTA APOYO FEDERAL PARA ATENDER FLUJOS MIGRATORIOS
En 2018, cuando aún gobernaba Enrique Peña Nieto y Donald Trump estaba en la Casa Blanca, el Instituto Nacional de Migración registró 62 mil 485 deportaciones por Baja California, y el año pasado fueron 77 mil.
Un alza mayor se dio en la detención y presentación de extranjeros en condición irregular: hace seis años fueron 3 mil 324 y el año pasado 33 mil 882.
Los albergues a cargo de asociaciones civiles y religiosas han tenido que enfrentar el reto de atender a los connacionales expulsados de Estados Unidos, los mexicanos que llegan del interior de los desplazados por la violencia, y a quienes llegan de terceros países a buscar asilo en la Unión Americana, sin embargo, el apoyo del gobierno federal fue mínimo.
“Pido que piensen con el corazón y no la mente, busquen tener un corazón compasivo con los migrantes, porque si están migrando es porque hay algo malo en sus lugares de origen. Ojalá que con los nuevos gobiernos tengamos mejores respuestas para ayudar a los migrantes”, confió el director de la Casa del Migrante de Tijuana, Pat Murphy.
Puntualizó que en este sexenio se incrementaron los riesgos para los migrantes en su camino al norte, en particular en Baja California con la presencia de grupos del crimen organizado que extorsionan o les cobran fuertes sumas de dinero para cruzarlos a Estados Unidos.
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“En algunas partes de la frontera el crimen organizado agarra a los deportados y pide dinero. Los migrantes que llegan aquí al aeropuerto, hay un largo camino de mordidas que deben enfrentar con los agentes de migración y no importa si pueden pagar o no. Los migrantes que vienen de otros países no tienen idea que tienen que pagar por todos lados y es horrible”, lamentó.
Por su parte, el presidente de la Coalición Pro-Defensa del Migrante en Baja California, José Moreno Mena, reconoció avances del gobierno federal, al habilitar albergues.
Sin embargo, remarcó que no se debió quitar el apoyo a las organizaciones civiles.
“Algunas se han ganado un espacio y no se pueden dejar de lado porque el Instituto Nacional de Migración también se apoya en ellas. Se debió buscar alternativas para apoyar a esos grupos que dependen de donaciones y no medir con la misma vara a los que se pudieron aprovechar del recurso”, agregó.
Moreno Mena aseguró que a partir de que Claudia Sheinbaum asuma la Presidencia de México se requiere más apoyo federal en la frontera para anticiparse a futuros fenómenos migratorios, no solo con respaldo económico sino con personal capacitado en derechos humanos.
En general, agregó, tendrá el reto de combatir todas las formas de abuso en contra de las personas en tránsito.
“Pese al esfuerzo en erradicar la corrupción es muy difícil, es un proceso a largo plazo en el que se deben sanear a las policías locales y al Instituto Nacional de Migración. También está la presencia de polleros y grupos que se siguen aprovechando de los migrantes. Hace falta trabajos de inteligencia para desarticular estos grupos”, concluyó.
