La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), tiene en juego más de 430 millones de pesos en juzgados estatales y federales derivado de las auditorías realizadas por Fisamex hace más de tres años.
Romafam S.A. de C.V., comercialmente conocido como Fisamex, fue la auditora contratada para fiscalizar y cobrar adeudos a cuentas comerciales, industriales e incluso algunas residenciales, durante la gestión de Jaime Bonilla Valdez como gobernador de Baja California.
Fisamex se encargó de ir a supermercados, fraccionamientos, hoteles, maquiladoras, incluso al aeropuerto de Tijuana, por mencionar algunos, para exigir supuestos adeudos por derechos de conexión, alcantarillado, agua no contabilizada, drenaje, entre otros.
Muchas de las empresas optaron por pagar para no verse afectados en el futuro, pero como no estaban de acuerdo con la medida, al mismo tiempo decidieron impugnar, mencionó Iván Curiel Villaseñor, síndico del contribuyente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Tijuana.
Estos amparos fueron promovidos argumentando inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos del estado, detalló Juan Ángel Sevilla Cortés, coordinador jurídico de la CESPT.
Algunos empresarios decidieron litigar el retorno de esos pagos en el estado y otros recurrieron a la justicia federal.
En los juzgados federales fueron presentados 125 amparos, de los que siguen abiertos cuatro por un importe de siete millones 309 mil 268 pesos y otros 116 resultaron en favor de la Comisión, indicó Jesús García Castro, director de la paraestatal.
Añadió que jueces federales resolvieron a favor de las empresas en cinco juicios, motivo por el que la CESPT ha tenido que devolver nueve millones 629 mil 117 pesos.
“La devolución de dinero que ha restituido este organismo es por resoluciones firmes, donde se ha declarado la inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos”, dijo.
García Castro añadió que la restitución desde las arcas no ha afectado al presupuesto operativo de la Comisión.
“De 125 (juicios), traer cinco no es representativo para la expectativa que había (de pagos)”, apuntó.
El coordinador Jurídico de la CESPT añadió que los amparos fueron promovidos desde 2020, justo cuando iniciaron las auditorías, pero también hay juicios de 2022 a la fecha, periodo en el que Fisamex ya había dejado de operar.
“Toda esa serie de procedimientos continúan y hacen más tardado el proceso”, comentó Sevilla Cortés.
EL ORIGEN DE FISAMEX
Romafan S.A. de C.V. fue contratada por los organismos operadores del agua de Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada en 2020, y estuvo operando hasta finalizar el gobierno de Jaime Bonilla Valdez dos años más tarde.
Las actividades que realizaba la empresa eran dadas a conocer públicamente por el ahora exmandatario en las transmisiones en vivo que realizaba diariamente en redes sociales.
En esas presentaciones, que coincidieron con la pandemia por Covid-19, Bonilla Valdez presentaba el informe de contagios, hablaba de avances en los programas gubernamentales y aprovechaba para exponer a quienes consideraba deudores de agua.
En esta sección inicialmente era Manuel García Soto, representante legal de Romafam, o uno de los trabajadores, quien junto con el exgobernador presentaban el nombre de la empresa, ubicación, giro comercial, motivo de cobro y monto del dictamen de fiscalización.
Además de ser exhibidos públicamente por el gobernador cada semana, algunos empresarios también manifestaron que en las visitas de fiscalización eran extorsionados por empleados de Romafam para realizar el pago, en caso omiso, el suministro de agua potable era suspendido
En una de las últimas transmisiones en redes sociales del exgobernador, realizada el 13 de octubre de 2021, Vicenta Espinoza, entonces titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública de Baja California, indicó que tan solo en Tijuana habían sido auditadas tres mil 227 empresas.
En esta ciudad, dijo, Romafan había logrado cobros por cuatro mil 903 millones 897 mil 398 pesos, según presentó la exfuncionaria.
Con Tijuana incluida, a nivel estatal fueron cuatro mil 653 empresas auditadas, a quienes se les exigieron seis mil 491 millones 229 mil 553 pesos.
Por cada pago, Romafam se quedaba con el 20% más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado (IVA), según su contrato de servicios en el que quedó establecido el pago por comisión.
Esto quiere decir que Romafan habría cobrado más de mil millones de pesos en comisiones por el total de empresas auditadas en Baja California.
ROMAFAM ILOCALIZABLE
Juan Ángel Sevilla Cortés, coordinador jurídico de la CESPT, indicó que el organismo ha cumplido con la devolución del dinero tal como lo resolvió el juzgado, pero no han podido contactar a Romafam para que devuelva la parte que le corresponde.
Mencionó que desde que inició la nueva administración estatal la CESPT ha buscado a la empresa en los diferentes domicilios fiscales que tiene registrados, pero no ha tenido éxito.
Según el contrato firmado entre Romafam y la CESPT el 28 de febrero del 2020, el domicilio legal de la empresa en Tijuana estaba en la avenida Hipódromo número 19, tercer piso oficina 4, colonia hipódromo de Agua Caliente.
Pero según el Registro Público de la Propiedad (Siger), Romafan fue registrada en 2018 en Hermosillo, Sonora.
El coordinador jurídico mencionó que una vez que la empresa sea localizada realizarán el cálculo para determinar el monto que debe regresar a la CESPT.
Para eso, agregó el director García Castro, agotarán todas las instancias necesarias.
“El estado tiene diferentes fuentes, desde el área del SAT, recaudación, las áreas de fiscalización y las áreas donde tenemos domicilios que nos puedan llevar a esta empresa que evidente en estos casos tiene un adeudo con la Comisión”, afirmó.
TRIBUNAL ESTATAL NO AVANZA
En el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California (TEJA), fueron presentadas 56 demandas de nulidad, juicios que aún están en litigio por un monto que asciende a 423 millones 961 mil 134 pesos, según información de la CESPT.
“Los juicios han tardado bastante tiempo, ya vamos casi para el cuarto año desde que empezó esta contingencia (...) La verdad es que sí es preocupante porque muchos de nuestros clientes pagaron el crédito con el afán de cumplir y no tener repercusiones”, dijo el abogado Iván Curiel Villaseñor.
Él tiene a su cargo más de 50 amparos y mencionó que los asuntos ante el TEJA ya están en la última instancia, así que están a la espera de lo que resuelva el Pleno del Tribunal, pero en caso de perder podrían irse a instancias federales y esto alargaría el proceso.
“El porcentaje de asuntos ganados o pérdidos en primera instancia varió mucho, entonces traemos un escenario equilibrado entre unos y otros”, dijo el abogado.
El coordinador jurídico de la CESPT, Juan Ángel Sevilla Cortés, mencionó que no hay un tiempo estimado para que las demandas sean resueltas y mientras ambas partes sigan atendiendo lo ordenado por el juez continuarán activas, inclusive por años.
A decir de Jesús García Castro, titular de la CESPT, si las resoluciones resultan favorables a las empresas y el organismo tiene que restituir el dinero, el impacto a las finanzas dependerá del monto de cada amparo.
“Si no es un monto considerable lo vemos con recursos propios y si se sale del presupuesto tendremos que solicitar una ampliación al ejecutivo del estado, lo autoriza Hacienda y entonces ya lo cubrimos”, expresó.
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Añadió que incluso podrían llegar a un convenio con las empresas para no afectar a la paraestatal y en lugar de restituir el efectivo el monto quedaría como saldo a favor por consumo de agua.
“Las empresas siempre están necesitando el suministro del agua. (...) Esa es la última instancia que nosotros dejamos, porque el organismo provee de agua a todos. (...) Cumplimos con el juez y con el usuario”, comentó García Castro.
Al respecto, Iván Curiel Villaseñor dijo que en caso de que se les dé la razón a las empresas en la última instancia, cualquier propuesta será bienvenida.
“Al final del día creo que todos podemos llegar a acuerdos, por supuesto en el marco de la ley, para que esta problemática ya se resuelva de tajo”, apuntó.
