Realizan operativos de vigilancia a comercios de Tijuana por temporada escolar: Profeco

Alrededor de 20 servidores públicos son los que intervienen en los operativos de vigilancia en las diferentes dependencias de la ciudad

Viridiana Lepe | El Sol de Tijuana

  · jueves 17 de agosto de 2023

Buscan que los comerciantes no alteren los precios. Foto: Ángeles García | El Sol de Tijuana

Tijuana.- Por el inicio del ciclo escolar 2023-2024, arrancaron los operativos de vigilancia a los comercios de Tijuana para evitar abusos comerciales por los proveedores, declaró el director de las Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) de la zona metropolitana de Baja California de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Óscar Zaráte.

Explicó que actualmente no existe algún registro sobre comerciantes que hayan cometido delitos por alterar precios de productos en uniformes o artículos escolares.

Julián Palombo Saucedo, presidente de la Canaco. Foto: Ángeles García | El Sol de Tijuana

“En los años anteriores hemos tenido un buen comportamiento por los proveedores y esperemos que este año no sea la excepción, seguramente no lo será, los recorridos que estamos haciendo hoy no encontramos prácticas que atenten contra la economía familiar”; señaló Zaráte.

Comentó que el realizar cobros indebidos al momento de pagar con tarjetas bancarias y la falta de exhibición de precios de los productos en los mercados, son estrategias que no abonan a la materia económica de los padres de familia.

“Son cosas que contraviene a la propia ley federal de protección al consumidor y cierro invitando a los consumidores para efecto que nos puedan denunciar por cualquier práctica que consideren y que nos permitan dar una detención inmediata”, indicó.

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Alrededor de 20 servidores públicos son los que intervienen en los operativos de vigilancia en las diferentes dependencias de la ciudad.

“Están distribuidos en oficina, atentos a los teléfonos y los compañeros que desde el conmutador de las oficinas centrales nos auxilian con recepcionar quejas o denuncias”, agregó.

Añadió que si una institución escolar privada obliga o condiciona en la adquisición de algún servicio y materiales escolares se clasifica como práctica de abuso comercial.

“Recibimos dos o tres denuncias sobre el tema, las hemos atendido pero aún no podemos acreditarlas”, comentó.

Las sanciones ante este delito comercial dependen de la valoración del expediente de cada empresa, sin embargo ronda entre los 10 y 15 mil pesos, destacó.