Tijuana.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal rechaza de manera contundente los señalamientos vertidos por Julián Leyzaola, en relación a la protección a grupos criminales por parte de la corporación.
Marco Antonio Sotomayor, titular de la SSPM, declaró que la realidad de la Policía Municipal de Tijuana, es que la totalidad de los mandos policiales se encuentran certificados en control de confianza.
Leyzaola se quedó en el pasado, hoy existe un sistema riguroso de certificación en control de confianza con el que antes no se contaba, el cual consiste entre otras cosas en la aplicación de evaluaciones toxicológicas, psicológicas, socioeconómicas y poligráficas (conocido como detector de mentiras). Éste sistema de control de confianza lo aplica un organismo externo a la SSPM, el Centro Estatal de Evaluación de Confianza, conocido como C3.
Además, actualmente la corporación se encuentra bajo proceso de acreditación internacional CALEA, lo cual contrasta con lo sucedido en el periodo en que el hoy aspirante a un cargo de elección popular, cuando CALEA rechazó que la policía municipal de aquel entonces iniciara siquiera el proceso de acreditación, esto por la mala reputación que tenía en ese tiempo.
Julián Leyzaola ha sido señalado por presuntamente haber torturado a policías municipales mientras se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, estas acusaciones tuvieron como consecuencia que la Policía de Tijuana sea considerada por el Gobierno de Estados Unidos como una corporación que ha cometido graves violaciones a los derechos humanos, esto de acuerdo a la Ley Leahy, lo cual impide que reciba cualquier tipo de apoyo o asistencia por parte de ese gobierno, esto hasta entonces Leyzaola no reciba una sentencia judicial.
Estos actos también tienen como consecuencia pérdidas económicas millonarias para el Ayuntamiento de Tijuana, ya que la gran mayoría de los procesos de remoción de policías que se hicieron en el periodo que Leyzaola estuvo a cargo de la SSPM se hicieron de forma ilegal, lo cual tiene como consecuencia que docenas de elementos tendrán que ser indemnizados con grandes sumas de dinero y reinstalados, esto derivado de la torpeza con que actuó Leyzaola.