Adán Diez de Bonilla/Gato x Liebre
Reemplazar las cámaras de vigilancia por drones, así como fusionar a las policías ministerial del estado y a la estatal preventiva, son propuestas que van de lo inviable a lo ambiguo, según el académico de la Universidad Iberoamericana de Tijuana, Gonzalo Manrique.
El candidato a gobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Acosta Fregoso, comentó a Gato x Liebre que impulsará ambas tácticas como parte de una estrategia para combatir la inseguridad en el estado.
“Tenemos la idea de tener una sola policía [...] eso nos va a generar también un ahorro de recursos en instalaciones”, dijo el candidato priísta.
“Adicionalmente, utilizaríamos drones como instrumentos de vigilancia que reemplazarían las cámaras de vigilancia”, agregó.
Detalló que su propuesta surgió luego de revisar programas de seguridad de Australia y Nueva Zelanda. Y dijo que la utilización de esta tecnología ayudaría a reducir la incidencia delictiva hasta en un 40 por ciento.
“Son caros, pero te salen a veces más caras las cámaras porque esas representan un mantenimiento, instalación... y los drones se manejan a control remoto”, comentó Acosta.
Aunque el coordinador de la maestría en gestión y políticas públicas Gonzalo Manrique, dijo a Gato x Liebre que el uso de drones para vigilar es inviable, pues las finanzas del estado no permitirían un endeudamiento adicional.
Para conseguir el equipo, Acosta comentó que podría buscar financiamiento del banco interamericano y del gobierno federal.
Apenas el 28 de marzo, con 12 votos a favor y cinco en contra, en el pleno del Congreso bajacaliforniano se aprobó un endeudamiento por 11 mil 600 millones 39 mil 660 pesos para el diseño, construcción, operación mantenimiento y conservación del Periférico Aeropuerto, también conocido como doble piso a Playas de Tijuana, con un plazo de hasta 27 años.
Así como la construcción, financiamiento y operación de una planta desalinizadora en Playas de Rosarito por un monto total de siete mil 487 millones, 404 mil 620 pesos, por un plazo de hasta 37 años.
Además, en el gobierno estatal también se analiza una propuesta de endeudamiento por más de mil millones de pesos para la consolidación del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), recordó.
En cuanto a la propuesta de fusionar la Policía Estatal Preventiva (PEP) y Policía Ministerial del Estado (PME), Gonzalo Manrique la calificó como ambigua.
El académico argumentó que en octubre de 2016 el gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid, envío al Congreso del Estado una propuesta para integrar en una sola corporación a la policía ministerial del estado y la policía estatal preventiva.
La iniciativa está en la "congeladora" legislativa y no es de su competencia autorizarla o aprobarla.
En diciembre del 2017 el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Seguridad Interior, con el objetivo de homologar esfuerzos en materia policial para una mayor efectividad.
En la creación de la Fiscalía General del Estado (FGEBC), no se contempla la fusión de la policía estatal con la policía ministerial, de ahí que se tendría que proponer al Legislativo una modificación
