Tijuana.- El séptimo y último cuerpo de los siete cadetes de la Guardia Nacional (GN), que murieron ahogados en Ensenada, fue recuperado este martes cinco de marzo por la mañana.
Según los datos no oficiales, una embarcación de la Marina observó el cuerpo con el característico uniforme pixelado flotando ocho millas mar adentro, a la altura de Playa Pacífica.
Esto cerraría los trabajos de búsqueda y recuperación que se extendieron durante prácticamente dos semanas.
Los jóvenes fueron arrastrados por el mar el pasado martes 20 de febrero, cuando un mando militar que según el gobierno federal ya está detenido, les ordenó adentrarse a las aguas pese a que había una alerta meteorológica de viento y alto oleaje.
Cuatro de ellos lograron salvar la vida ese mismo día, mientras los cuerpos de los siete restantes fueron localizados paulatinamente hasta el día de hoy, cerca de la Guarnición militar El Ciprés, donde recibían entrenamiento.
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La misma semana de la tragedia, familias viajaron desde sus lugares de origen hasta Ensenada para preguntar por sus hijos y denunciaron falta de información clara desde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Incluso quien confirmó la búsqueda de los siete jóvenes el miércoles 21 de febrero no fueron las autoridades castrenses, sino la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien de entrada descartó responsabilidades.
“Se debe a un tema, a un accidente, un tema natural por la ola que llegó”, dijo en respuesta a una pregunta planteada cuando su conferencia de prensa semanal ya había sido finalizada.
Este mismo martes, durante la conferencia de prensa diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, el general secretario Luis Cresencio Sandoval dijo que el mando que ordenó el ingreso al mar pese a la alerta de mal clima está en Tijuana sujeto a investigación ante la justicia militar.
“Por desobediencia y también por la parte de haber generado la muerte de estos elementos también hay un abuso de autoridad” (sic), dijo.
De acuerdo con el titular de la Sedena, si hubiera delitos no contemplados en el ámbito militar serán turnados a la Fiscalía General de la República (FGR).
El Código militar de procedimientos penales establece que la desobediencia en servicio es castigada con hasta dos años de cárcel “cuando ocasione un mal grave”, y el abuso de autoridad con 10 años y seis meses de prisión cuando termine en un homicidio simple, y de 30 a 60 años si fuera homicidio calificado.
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