Tijuana.- El gobierno del exgobernador Francisco Vega no pudo comprobar a la federación el uso de más de 800 mil pesos que recibió como parte del Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud del estado durante 2019.
Ese fondo es la aportación del gobierno federal para que los estados atiendan a la población que no tiene ninguna otra cobertura de seguridad social, y el año pasado el gobierno panista recibió dos millones 362 mil 86 pesos.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el sector salud del estado usó parte del dinero para comprar medicamentos y dio “estímulos” a empleados sin que pudiera comprobar o justificar el uso del dinero.
La auditoría encontró que hay 350 mil pesos supuestamente gastados en medicina que no llegó a los usuarios, y otros 165 mil pesos también por medicina que no llegó a las unidades médicas ni pudo ser localizado físicamente.
El resto del dinero que la pasada administración estatal debe aclarar ante las autoridades federales suma casi 296 mil pesos que entregó a tres empleados por trabajar en zonas alejadas.
“No se acredita que el personal cumpliera con los compromisos y políticas de aplicación”, señaló la ASF en la auditoría de cumplimiento: 2019-A-02000-19-0476-2020 476-DS-GF.
“Además, no se presentó el oficio de validación y autorización por parte de la Secretaría de Salud de los tres trabajadores que recibieron el estímulo”, añadió.
Durante la revisión, que fue realizada al 86% del total de los recursos del Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud del estado, el órgano pudo recuperar más de un millón de pesos, informó la auditoría.
“En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa del fondo, principalmente en materia de servicios personales y adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios”, refiere el dictamen
IRREGULARIDADES POR 287 MDP
La rehabilitación estructural del pavimento del Km 80 al Km 90, en ambos Cuerpos, de la Autopista La Rumorosa-Tecate, estuvo bajo la lupa por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), por diversas irregularidades en la ejecución de la obra.
En su más reciente informe dado a conocer, se detalló la entrega dos contratos para la realización del proyecto. El primero es el 4500027702, otorgado a la Urbanizadora Roma, S.A. de C.V, en asociación con Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V. El monto total del contrato con impuestos incluidos, fue de 287 millones 669 mil 741.60 pesos, de acuerdo a información pública en la Plataforma Nacional de Transparencia.
En el caso de Urbanizadora Roma, con sede en Baja California, esta ha estado ligada a las pasadas administraciones panistas y priistas, con proyectos como el Construcción de Bulevar Florido-El Niño, que requirió de una inversión de 103 millones 478 mil pesos. Además, fueron los encargados de la edificación del Centro Estatal de las Artes de Playas de Rosarito, para la cual existió una inversión pública de 126 millones de pesos.
Por su parte, la Impulsora de Desarrollo Integral, tiene sede en la Ciudad de México. Entre sus clientes, que la misma empresa destaca en su sitio web, están la SCT, Capufe, IMSS, Pemex, Conagua, entre otras dependencias federales y gobiernos estatales.
El otro contrato asignado para la obra fue el 4500027703, por un monto de 7 millones 472 mil 550 pesos, y que obtuvo PACCSA Ingeniería, S.A. de C.V. Esta constructora es originaria del Estado de México, con clientes del nivel de Banobras, Capufe y SCT.
“Previa evaluación de las proposiciones presentadas por los licitantes, resultó ser solvente y la más conveniente para el Estado, que reúne todas las condiciones necesarias que mejor garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de los trabajo o servicios”, justificaba la Dirección de Infraestructura Carretera de Capufe.
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EL INFORME DE LA ASF
El informe de la ASF buscaba verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de “comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables”, según se lee en el documento.
La institución seleccionó para revisión una muestra de 20 conceptos por un importe de 191 millones 488 mil pesos, que representó el 98.0% del total erogado en el año de estudio. La ASF descubrió que no se realizaron los trabajos para la construcción de la capa subrasante de 30.0 cm de espesor, los cuales, detalla, estaban contemplados en el proyecto ejecutivo como necesarios para el adecuado apoyo de la nueva estructura.
Especifica la omisión de aplicar una sanción al contrato de supervisión, derivado de los pagos en demasía realizados en el contrato de obra pública por concepto de diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo realmente ejecutado. Subraya que el proyecto ejecutivo fue deficiente, ya que no contó con los estudios totalmente terminados antes del inicio de los trabajos para determinar la capacidad de carga de la estructura del pavimento, lo que generó una adecuación en las cantidades de obra del catálogo de conceptos del contrato de obra. La Auditoría Superior de la Federación determinó dos millones 602 mil 239.84 pesos pendientes por aclarar.
En total, se determinaron seis resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los cuatro restantes generaron: 1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa y 2 Pliegos de Observaciones.
Pese a lo expuesto por la ASF, el órgano técnico de la Cámara de Diputados, resolvió en el dictamen emitido el 16 de octubre pasado, que a pesar de las observaciones, se cumplió con lo estipulado en el contrato.
“Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”, expuso la ASF.