Karina Torres
Tijuana.- Se espera que mañana martes el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo confirme la suspensión de la reestructuración de la deuda pública del Gobierno de Baja California por 12 mil 526 millones 980 mil 742 pesos con 91 centavos, la cual fue promovida por el ejecutivo y que a finales de marzo de 2019 fue aprobada por el congreso estatal. El amparo se presentó durante el pasado viernes 17 de mayo por los representantes de los Consejos Coordinadores Empresariales (CCE) de la entidad a través del abogado fiscalista y asesor de este órgano, Adolfo Solís Farías.
“Lo que queremos decirle al juez es que este decreto está indebidamente confeccionado. Hay errores, manifiestos que pueden poner en riesgo las arcas gubernamentales. Se le pidió que, en esencia, detenga los actos de ejecución, que el secretario de Planeación y Finanzas y el gobernador se abstengan de llevar a cabo cualquier tipo de contratación, cualquier tipo de convenio, cualquier tipo de celebración de fideicomiso o cualquier otro tipo de acto o actividad que comprometa tanto las finanzas del estado, las participaciones o los impuestos”, explicó el fiscalista Adolfo Solís.
La solicitud del abogado es para evitar una reestructuración por más de 30 años para los residentes de Baja California. La ley proporciona 30 días para impugnar un decreto. Al haberse publicado el 12 de abril, los representantes de los consejos coordinadores se encuentran dentro del tiempo legal para promover el recurso y evitar la falta de transparencia en las finanzas públicas, indicó el representante.
“Si el juez determina que este decreto está bien, entonces se le dará trámite a todos los conceptos que ahí se contienen; si determina que está mal, como lo pensamos, pues naturalmente se frenará y quedará en algunos rubros quizás limitados, o quizá en su totalidad. Creemos que con este amparo vamos a poder demostrar con toda claridad el daño que se le puede causar a las arcas gubernamentales, y lo más importante es que sepan que no nos oponemos a las obras, no nos oponemos a avanzar, y esto tampoco atiende una agenda política como lo ha manifestado el gobierno del estado”, enfatizó.
El recurso de amparo fue promovido contra el decreto 335 ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en Tijuana. De acuerdo al documento dado a conocer, el reclamo es en relación a la expedición, promulgación y orden de promulgación del decreto 335 publicado en el Periódico Oficial del Estado durante el pasado 12 de abril de 2019; este permite la reestructuración o refinanciamiento de la deuda pública del estado por más de 12 mil 526 millones de pesos.
Por último, Solís Farías afirmó que se encuentran en su derecho de ejercer esta acción. A pesar de las mesas de trabajo que lograron impulsar con la autoridad luego del acercamiento e intento de diálogo antes de la aprobación de la reestructuración de la deuda, aseguró que no han visto avances en la materia; por el contrario, el decreto se ha mantenido.
