Tijuana.- La reforma que buscaba sancionar penalmente el servicio de transporte ilegal en Baja California, promovida por Jaime Bonilla Valdez, fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de acuerdo con Juan José Pon Méndez, consejero jurídico del gobierno del estado.
“La SCJN lo declaró inconstitucional en virtud de que consideró de que se atentaba contra el principio de mínima intervención de la materia penal”, agregó.
Pon Méndez explicó que la prestación ilegal del servicio público de transporte no ameritaba una pena privativa de la libertad, de acuerdo con la SCJN.
“Se consideraba que se podía acudir a otro tipo de medidas menos restrictivas, como una sanción de carácter administrativa”, añadió.
Al Congreso del estado le corresponderá realizar las modificaciones correspondientes para efecto de no establecer este tipo de medidas, dijo el consejero jurídico del gobierno estatal.
“Más aún, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que era inconstitucional en virtud de que no se consideró cuales eran las ventajas de imponer este tipo de sanciones restrictivas de la libertad”, explicó.
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Por otra parte, José Alberto Gutiérrez Topete, titular del Instituto de Movilidad Sustentable (Imos), respondió durante la conferencia de prensa semanal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, que estas medidas nunca fueron aplicadas por el Instituto.
“Ya hay sanciones en la normatividad para quienes prestan el servicio sin permiso sin ninguna concesión, ahí si lo aplicamos. Cuando los sancionamos por primera y segunda vez los advertimos de que no presten el servicio ilegal”, dijo.
En caso de que el transportista sin los permisos requeridos continúe brindando el servicio, el Imos busca que se apliquen sanciones, que Gutiérrez Topete calificó como “bastante fuertes”.
“Al final las sanciones que se aplican son para que se corrija la conducta de las personas, no son para castigar”, finalizó.