Tijuana. - El abogado Rafael Mauricio Cruz Manjarrez, presidente de la Asociación Mexicana de Abogados en Baja California, consideró que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde el gobernador Jaime Bonilla Valdez no puede nombrar o destituir a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), sienta un antecedente jurídico histórico, pues esta es la tercera ocasión de intentos fallidos del actual Gobernador de modificar las leyes para su beneficio personal sin respetar el estado de derecho.
“Es una intentona de modificar y de invadir la competencia de los poderes, por supuesto ahí claramente en fragante una invasión de poderes.”
Mencionó que desde antes que tomará posesión como Gobernador, Jaime Bonilla demostró manipular reformas para su beneficio como fue la controversial Ley Bonilla, así como el decreto que anulaba el peaje en la caseta de cobro en Playas de Tijuana y declaraba estatal el tramo carretero, que fueron suspendidos por la SCJN
“Soberbia inaudita por parte del Gobernador que no respetan la cultura de legalidad y el estado de derecho y que como siempre trata de imponerse a través de denostar a los gremios jurídicos, evidentemente pisoteando las autonomías de los poderes porque recuerde que el poder judicial es uno, el poder ejecutivo es otro y el poder legislativo nosotros y los tres son completamente autónomos.”
El líder de los abogados en Baja California consideró que la gestión de Jaime Bonilla es ‘la peor’ que se ha registrado en el Estado.
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“El criterio de la Suprema Corte de Justicia a través de este laudo, que es trascendental en la vida jurídica, pone una vez más en cuenta la intentona del gobernador y su soberbia ha hecho de su gestión la peor de la historia de Baja California”
Este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, no podrá nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), luego de que en octubre del 2020, fue aprobado el decreto 110 del Gobernador Jaime Bonilla Valdez, que modificó 22 artículos de la constitución local, para desaparecer al Consejo de la Judicatura estatal, remover a los magistrados numerarios y modificar el procedimiento de nombramiento de los integrantes del poder judicial de Baja California.
Ante ello el 24 de noviembre el pleno del Tribunal Superior de Justicia, así como el Consejo de la Judicatura del Estado presentaron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó que todos los efectos del Decreto 110 seguirán suspendidos, hasta en tanto la SCJN no resuelva si es o no constitucional.
