Tijuana.- En lo que va del 2020 en el condado de San Diego van registrados 49 casos de trata laboral de personas, dio a conocer Marisa Ugarte, directora ejecutiva del Bilateral Safety Corridor Coalition.
Durante un foro organizado por el Consulado de México en San Diego, la activista precisó que de 2005 a la fecha, los números alcanzaron las mil 500 víctimas.
La especialista dijo que los “números siguen incrementando”, principalmente en el área de trabajo doméstico. Señaló que una forma de detectar la trata laboral, es que la persona sea objeto de amenazas constantes por la deportación, que no reciba ninguna remuneración por su trabajo y que le quiten sus documentos migratorios para no abandonar Estados Unidos.
“A la trabajadora doméstica le dicen que no puede salir porque se la va a llevar la migra. A una le dijeron que le iban a pagar lo que se gana en México”, comentó.
Christopher Tenorio, abogado especialista en derechos humanos, explicó que la trata laboral involucra trabajo forzado, servidumbre involuntaria, acto sexual no consensuado, entre otras agresiones.
“No hay números exactos de cuántas víctimas hay, porque se les reciben después de empezada la investigación. No se reciben todas porque algunos tienen miedo de ser deportados”, apuntó.
En el mismo encuentro virtual organizado por el Consulado Mexicano, el abogado César Luna, indicó que cuando se detectan a las personas que fueron objeto de trata laboral, las Leyes Migratorias les ofrecen beneficios, como lo son la Visa U y la Visa T.
“Ofrece estatus provisional a las personas. El propósito es que colaboren con las autoridades, además para que las víctimas no sean otra vez agredidas, para eso se les ofrecen beneficios, como lo es traer a su familia a Estados Unidos”, puntualizó.
El especialista precisó que entre 2012 y 2018, el 68% de los solicitantes de Visa U, fueron de origen mexicano, lo que reflejaría la alta tasa de incidencia de trata laboral entre la comunidad mexicana en el país norteamericano.
Indicó que anualmente solo se otorgan cinco mil Visas U y T, las cuales tienen una vigencia inicial de cuatro años para permanecer en territorio de Estados Unidos.