Tijuana.- El actual gobierno de Tijuana inició con una deuda millonaria a talleres por la reparación de patrullas, y ahora firmó un contrato en el que no queda claro dónde serán atendidas las reparaciones correctivas de las 260 unidades rentadas.
En marzo de este año, la SSPCM solicitó aumentar su presupuesto para arrendar esas patrullas con el argumento de aumentar su parque vehicular y evitar los gastos de reparación.
El contrato con la empresa Arrendadora Shell-Ha S.A. de C.V., señala que el mantenimiento preventivo se realizará, “directamente con el fabricante”, mientras que no especifica a dónde serán llevadas las patrullas en caso de requerir mantenimiento correctivo.
La autoridad también desconoce los talleres en los que se rehabilitarán las unidades y el Comité Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), pide que no haya sorpresas en esta adjudicación directa.
Hasta el momento tres patrullas han tenido daños “menores” pero ya fueron reparadas y están en circulación, dijo el Oficial Mayor, Marcelo de Jesús Machain Servín.
“Son los talleres que destina el proveedor que generalmente son en la misma agencia [...] la ventaja del contrato que se eligió, por eso fue la vía del arrendamiento, es que la empresa paga el mantenimiento preventivo y correctivo”, destacó.
En el contrato se lee que la empresa tendrá a su cargo, sin costo alguno para el ayuntamiento “los mantenimientos correctivos que requieran los vehículos, conforme a las especificaciones establecidas por los fabricantes respectivos”.
Explicó que cuando sea necesario reparar una unidad solo llaman al proveedor y éste se encarga del resto.
“Tenemos atención personalizada de un ejecutivo de la empresa y ellos mandan por sus unidades”, destacó.
Pero aunque el contrato con número ADQ-2022-AD-059, tiene las especificaciones de cada vehículo y su marca, no incluye una lista ni anexo de talleres de fábrica o particulares a los cuales serán llevadas las patrullas.
Al ser cuestionado por esto, Machain Servín insistió en que es la empresa quien se hace cargo.
Fernando Sánchez González, titular de la SSPCM, informó que los vehículos no serán trasladados a ningún lado, ya que se reparan en Tijuana.
La regidora Gina Arana, presidenta de la Comisión de Vialidad y Movilidad Urbana, dijo que el atractivo principal del contrato de renta fue la garantía de no pagar nada por reparaciones.
Añadió que hasta el momento no había ninguna solicitud al Cabildo “para mantenimiento ni para el pago de reparación de alguna patrulla siniestrada”.
FALTÓ DIFUSIÓN
El presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Tijuana (CCSP), Genaro de la Torre Quintanar, dijo que no supieron sobre las condiciones del contrato y aunque reconoció la importancia de fortalecer el parque vehicular de la SSPCM, advirtió que las reparaciones deben ser supervisadas.
“Hay que analizar todo lo que son los seguros, hasta dónde va a llegar su servicio, es un equipo que está en riesgo constantemente”, dijo.
Resaltó que una de las problemáticas en torno a las patrullas es la falta de un programa de mantenimiento vehicular, por lo que sí debió especificarse en el contrato el nombre de los talleres responsables.
“Se debe supervisar y analizar cómo está la situación, porque muchas veces al gobierno se le cobran más caro las reparaciones porque no paga a tiempo, los talleres no pueden estar financiando lo que le corresponde pagar al Ayuntamiento de una manera expedita”, recalcó.
El contrato se realizó mediante adjudicación directa a la empresa Arrendadora SHEL-HA, S.A. de C.V., y Machain Servín, defendió la renta, por temas de “urgencia y de tiempos”.
Este punto fue lo único que se le compartió al CCSP.
El contrato establece que por la renta de las 260 unidades: 19 RAM 1500 Crew V8 4X4; 20 Dodge Charger Police V6; 70 Chevrolet Charger Police V6; 27 Ford F-150 V6 4X2; 30 RAM 2500 V8 4X4; 69 Dodge Charger Police V8; y 25 RAM 1500 Crew V6 4X2, los tijuanenses deben pagar 17 millones 687 mil 692 pesos por mes.
El Oficial Mayor del municipio informó que el primer mes de renta solo facturaron 10 días por un monto de 3 millones 303 mil 980 pesos, mientras que la segunda factura será por 9 millones 284 mil 958 pesos.
“Estamos pagando exclusivamente por las unidades que han llegado y por los días que estamos usando [...] se va a pagar exclusivamente sobre patrullas funcionando, circulando y también patrulla que se descomponga, que vaya al taller, no nos van a cobrar la renta en ese mes”, afirmó.
Añadió que en total, por la renta de todas las patrullas en lo que resta del 2022, el municipio pagará entre 80 y 83 millones de pesos.
El contrato con Shell-Ha fue firmado el 5 de julio y quedó establecido que la empresa entregaría los autos “a más tardar 60 días naturales como máximo contados a partir de la recepción de la orden respectiva”.
Hasta esta semana que termina habían sido entregadas al Ayuntamiento 247 unidades, de las que 154 ya se encuentran circulando.
Fernando Sánchez González, titular de la SSPCM dijo que las 93 restantes solo “están a la espera de las placas” para que puedan comenzar a patrullar las calles.
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“Antes de entregárselas a Seguridad Pública pasan a mi cancha de Oficialía, les ponemos el QR en las orillas de las puertas para la gasolina y se las entregó con el engomado que dice Oficialía Mayor. Se las entregó a Seguridad Pública y pasan a su cancha”, explicó el Oficial Mayor.
Sobre las 13 unidades restantes, mencionó que el proveedor solicitó una prórroga de 30 días para su entrega y su aprobación será sometida al Comité de Adquisiciones en los próximos días.
“Voy a dejar asentado que única y exclusivamente esos 30 días se da la prórroga. En caso de que no cumplan, tendríamos que proceder jurídicamente y hacer válida la fianza que entregan por incumplimiento”, comentó.
El retraso en estas unidades se debe a problemas de fabricación, derivados a la escasez de chips a nivel mundial, dijo.
EXPERIENCIAS PREVIAS
Esta no es la primera vez que el Ayuntamiento de Tijuana renta patrullas. Genaro de la Torre recordó que en los últimos meses del gobierno de Juan Manuel Gastelum, en marzo del 2017, se rentaron 12 vans para el traslado de detenidos.
Pero denunció que al finalizar la administración de Gastelum “se acabó el contrato y pues nos quedamos sin patrullas”.
“Vuelven a solicitar bajo el mismo esquema de renta de patrullas y no se nos ha tomado en cuenta en ninguna ocasión, o por lo menos que estemos como testigos de estas adquisiciones”, declaró.
El actual contrato de arrendamiento es anual y finaliza el 31 de diciembre del 2022, por lo que antes de esta fecha el Ayuntamiento debe evaluar si recontratará a Shell-Ha.
Las 260 unidades que recibió el Ayuntamiento son modelo 2022 y al ser cuestionado si estas serán renovadas en caso de contratación, el Oficial Mayor respondió que habrán de valorarlo.
“Veríamos las condiciones. Si se sustituyen o si las unidades están en funcionamiento, pues para que quitarlas y perder días en que nos llegan otras”, mencionó.
En caso de continuar con el mismo modelo y ante el desgaste natural de las unidades patrullas, regularmente sometidas a trabajo duro, como sucede con los talleres, no está claro si la renta mensual disminuiría.
“Se tiene que valorar en la próxima adjudicación, evidentemente se toman los criterios costo beneficio”, respondió Machain Servín.
Ignorado en dos contrataciones, el comité ciudadano de seguridad pidió que al menos exista continuidad para que al finalizar la actual administración la nueva pueda dar seguimiento a la renovación del parque vehicular.
“Quienes venimos sufriendo somos la ciudadanía porque no hay programas de continuidad”, dijo Genaro de la Torre.
El presidente del CCSP Tijuana también sugirió que los consideren para conocer las cláusulas de arrendamiento, y antes de firmar un nuevo contrato, que el Ayuntamiento tenga en cuenta diversos puntos.
Uno de ellos es precisamente que la empresa haya dado “un correcto mantenimiento de las unidades”, que se haya tenido buena respuesta de la empresa, que “tenga los recursos para responder”, que haya contado con los seguros necesarios, y que los vehículos sean apropiados para la ciudad.
Esto para evitar que sea el propio policía quien termine pagando las reparaciones de su unidad y los adeudos del gobierno a talleres particulares, subrayó.
Marchaín Servant, además, recordó que la pasada administración dejó una deuda de más de 160 millones de pesos por reparaciones.
“Había un endeudamiento en talleres de todas las unidades, y gran parte de Seguridad Pública, ellos traen un endeudamiento de más de 80 millones que ya hemos ido reduciendo”, aseguró.
Explicó que por cuestiones de cierre de administración, el gobierno anterior dejó de pagar y ante esto los talleres no regresaban las unidades.
“Nos acercamos con cada taller y se llegó a acuerdos en donde nos empezaron a dar créditos. Porque había un problema, se agotó el presupuesto por fin de administración y ya no tenía yo las partidas para talleres. Hicimos pequeñas transferencias de lo poco que quedaba”, dijo.
Los avances de la investigación por la falta de pagos no fue posible conocerlos porque la Sindicatura Procuradora informó que la persona con los detalles no estaba disponible.
Actualmente el parque vehicular de la SSPCM es de 960 unidades y a estas se sumarán las 260 arrendadas.
Además existen 338 unidades en un proceso de baja que inició durante la administración pasada.
El Oficial Mayor añadió que la SSPCM iniciará una valoración de todas las unidades, para ver cuántas patrullas, de las que están en circulación, serán dadas de baja.
Para conocer los resultados de la renta de unidades habrá que esperar, aunque los antecedentes ni en patrullas ni en camiones para recolección de basura han sido del todo satisfactorios en pasadas administraciones.
