El Sol de Tijuana
Tijuana.- El cabildo de Playas de Rosarito, Baja California, desechó la votación de la sesión extraordinaria del 9 de julio, en la que avaló la llamada Ley Bonilla, que amplía de dos a cinco años el periodo de mandato del próximo gobernador, en un caso más de desaseo legislativo en la entidad desde que inició el proceso electoral que culminará con la toma de posesión de Jaime Bonilla en noviembre próximo.
En una votación de seis contra cinco, rechazó el acta y deberán reponer el procedimiento en un plazo de 72 horas para obtener una mayoría calificada, es decir, ocho votos en un cabildo de 12 integrantes.
El 9 de julio, junto con el ayuntamiento de Playas de Rosarito, Tecate y Ensenada avalaron lo aprobado por el Congreso el 8 de julio, por 21 votos a favor de 25 posibles. Tijuana y Mexicali votaron en contra de dicha ley.
Para el próximo Secretario de Gobierno de la entidad, Amador Rodríguez Lozano, “la reforma constitucional que amplía el periodo de gobernador a cinco años está total y absolutamente firme”, y mencionó que la única forma que dejará de ser vigente será por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “o que hubiese una reforma constitucional que estableciera otra cosa”.
De acuerdo con Jaime Martínez Veloz, candidato por el PRD en la elección ganada por Jaime Bonilla, la ley que amplía su mandato es impublicable pues el Congreso no tiene el acta del 9 de julio de Playas de Rosarito apoyando la iniciativa, debido a que ésta no cuenta con una mayoría calificada, por lo que consideró que “la ley Bonilla está chupando faros, dado que solo tiene el apoyo de los ayuntamientos de Tecate y Ensenada”.
Rodríguez Lozano que quienes ven en este hecho una esto es parte de lo que llamó una “intromisión de políticos frustrados que de mala fe tratan de engañar a la opinión pública con mensajes confusos y subjetivos”.
Víctor Lujano, abogado especialista en temas jurídico-electorales, señaló que lo realizado en Rosarito es una violación seria al proceso legislativo con un potencial invalidatorio de la norma y puede tener responsabilidades administrativas, sobre todo para el secretario técnico del ayuntamiento, pues dio aval a una sesión que no alcanzó una mayoría calificada.
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