Tijuana.- Marina del Pilar Ávila Olmeda está a pocos días de cumplir su primer año al frente de la administración estatal con la seguridad pública y un conflicto partidista como sello.
La primera mujer gobernadora de Baja California vivió desencuentros públicos con Montserrat Caballero Ramírez, presidenta municipal de Tijuana, la ciudad que concentra alrededor de la mitad de la incidencia delictiva del estado.
El conflicto que ambas siempre negaron requirió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando en diciembre de 2021 las “invitó” a darse un abrazo en la conferencia mañanera desarrollada en esta frontera.
El abrazo se dio luego de que la edil tijuanense se pronunciara en contra de la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el principal reajuste en materia de seguridad promovido desde el inicio de la administración de la mexicalense.
Además de esto, los pendientes a resolver se acumulan todos los días, y existen otros dos en particular que son altamente sensibles para los bajacalifornianos, además de la seguridad pública: la economía y la infraestructura.
Asociaciones de profesionistas coinciden en que es pronto para evaluar el trabajo en estos últimos, pero advierten la necesidad de plantear las bases de cara al segundo año de gobierno.
Y en seguridad pública el organismo vigilante considera que Ávila Olmeda ya tiene gran parte de responsabilidad en la situación actual, en la que se registra un alza en la incidencia delictiva y los homicidios aunque tienen una disminución, son cosa de todos los días.
SEGURIDAD
La falta de resultados en seguridad pública es sin duda uno de los temas en que ha quedado a deber la gobernadora del estado, consideró el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC), Roberto Quijano Sosa.
Los datos de incidencia delictiva que recaba la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSCBC) muestran que hasta septiembre (últimas cifras publicadas), Baja California sumó 76 mil 756 delitos.
Esto es un alza de casi 14% en comparación con el mismo periodo de 2021, cuando se anotaron 68 mil 178.
“No hay coordinación, no hay planes de trabajo, no hay programas preventivos. Los delitos van al alza, la violencia familiar es el número uno e impacta el tejido social. La asignatura donde siento que queda a deber es en el tema de la seguridad”, dijo Quijano Sosa.
El presidente del CCSPBC considera que hay resultados en el decomiso de drogas y en la reducción en los homicidios, pero resulta insuficiente para lo que demanda el estado.
Cifras oficiales de la SSCBC, muestran que hasta septiembre pasado iban mil 812 asesinatos, frente a los dos mil 110 de 2021.
Aunque en la disminución de homicidios existe gran influencia de la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional, afirmó
“El tema de la administración anterior es que abandonó la seguridad pública cuando desaparece la Secretaría. Aunque estimamos que un año ya ha sido suficiente para reconstruir la institución, para establecer una plan de trabajo, lo cual no se ha hecho. Ni se ha reconstituido la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ni tenemos plan de trabajo sectorial”, comentó.
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A esto se suma la falta de coordinación acentuada por las diferencias públicas que mostraron durante casi un año la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez.
“El tema político ha impactado en la seguridad”, subrayó Roberto Quijano.
“Es evidente que entre la gobernadora y la alcaldesa hay una diferencia profunda, la cual lamentamos porque no se están dando los trabajos de coordinación y trae como resultado lo que estamos viviendo, con una incidencia a la alza”, aseveró.
Apenas en días pasados se vio a la gobernadora asistir al informe de labores de la presidenta municipal, y después en un video grabado junto a la edil brindándole su respaldo.
“Muy contenta de estar acompañando a mi amiga la alcaldesa de Tijuana, durante su primer informe de gobierno, que ha realizado un excelente trabajo, que vamos a seguir trabajando juntas de la mano”, dijo Ávila Olmeda en el material difundido en redes sociales.
La gobernadora también manifestó públicamente su apoyo, previo a la aprobación del congreso local, a la extensión del plazo para la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, hasta el 2028.
El CCSPBC, en cambio, se pronunció en comunicado de prensa en contra de la propuesta, y su presidente considera que el respaldo de la gobernadora podría interpretarse como una forma de evadir su obligación legal.
“Es una falta de responsabilidad que no se fortalezcan la policías municipales o la Fuerza Estatal Preventiva. Sentimos que la responsabilidad de los gobernantes es fortalecer sus instituciones públicas de seguridad y de manera accesoria la Federación, a través de la Guardia Nacional, Ejército, coadyuven en el tema, porque ellos no son responsables de la seguridad, sólo coadyuvan”, manifestó.
INFRAESTRUCTURA
A diferencia de lo que sucede en seguridad pública, donde a la mandataria morenista ya se le exigen resultados, en infraestructura los profesionistas aún le dan margen de maniobra.
De acuerdo con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Tijuana (CMIC), Jesús Octavio Rincón Vargas, este primer año es de estudio para que el nuevo gobierno planteé los proyectos que impactarán en el corto, mediano y largo plazo.
“Tienen que ver en qué se encuentra el estado, los dos años anteriores no se hizo nada, creo que este gobierno apenas retoma. Los temas que ha mostrado la gobernadora en el programa Respira, siento que es muy positivo, y ya se ha empezado una obra en ese programa”, apuntó.
El dirigente de la CMIC pronosticó que para 2023 empezarán a verse los primeros resultados, pero remarcó que no se abatirán los rezagos existentes.
Entre los principales focos rojos que enumeró están el abasto de agua y de energía eléctrica.
Considera que deben ser prioridad por tratarse de áreas fundamentales para la dinámica de la entidad, y sin descartar la desalación de agua para la primera de esas necesidades, pone énfasis en la infraestructura ya existente.
“Tiene que haber un buen mantenimiento del acueducto, no puede fallar, es un acueducto ya viejo que requiere mantenimiento y debe invertirse más para asegurarnos el flujo de agua”, añadió.
Y respecto a la electricidad, el representante de la CMIC dijo que la situación no varía demasiado.
“La infraestructura eléctrica está retrasada. En escasos dos años pueden frenarse los desarrollos industriales, comerciales y habitacionales si no se resuelven los problemas de generación y transmisión”, afirmó
Remarcó que la movilidad es otro problema por resolver, y los proyectos ya anunciados, como el tren ligero, resolverían problemas de congestionamiento entre Tijuana y Rosarito.
“Los proyectos de movilidad no pueden resolverse si no se toma en cuenta la inversión privada, y en este gobierno federal ya no son bien vistas las Asociaciones Público Privadas. Se necesita un esquema diferente donde participe el capital privado y recuperen su dinero por cuotas o concesiones comerciales. A corto plazo no veo la solución, solo obras que vayan abatiendo el rezago”, abundó.
Rincón Vargas estimó que en el gobierno de Ávila Olmeda no habrá soluciones definitivas para esos tres problemas, y tendrían que pasar por lo menos uno o dos sexenios más para resolverlos.
“No se van a resolver a corto plazo, puede haber un gran avance. En mediano plazo y a largo plazo podría resolverse, siempre y cuando empecemos ya en 2023, con obras que empiecen a abatir el rezago y sea constante”, aseveró.
LA ECONOMÍA AVANZA
A diferencia de lo que sucede en seguridad o en infraestructura, el presidente del Colegio de Economistas de Baja California, Ismael Plascencia López, considera que en economía, el estado avanza bien, pero poco tiene que ver con políticas públicas impulsadas por Marina del Pilar Ávila Olmeda.
“En la frontera siguen las cosas avanzando a pesar del gobierno, independientemente del partido que sea, por la dinámica que se da territorial, de frontera. Las cosas en Baja California siempre van a ir mejor y en eso participan sectores como el sector de servicios médicos, salud o el de vivienda.”, expresó.
No obstante, el experto vio algunas intenciones del actual gobierno por fomentar el desarrollo económico a partir de la atracción de empresas extranjeras.
“Pero tarda tiempo en reflejarse. Lo que está sucediendo en el primer año, sea bueno o malo, que en el caso de Baja California es bueno si lo comparamos con el resto del país, no se lo podríamos atribuir a la gobernadora como generalmente sucede”, puntualizó.
Por último, hizo énfasis en que el gobierno estatal acelere el proceso para resolver los problemas de inseguridad y la violencia que aquejan a Baja California, ya que este sería un factor que ahuyente inversiones y frene el desarrollo económico del estado.
“Si queremos que económicamente todo siga avanzando, hay que garantizar el Estado de derecho, esa es la base. En eso se deberían enfocar los esfuerzos, porque si hay seguridad y hay tranquilidad, las inversiones van a llegar solas”, mencionó.
“México está en una coyuntura por la guerra comercial de China y Estados Unidos, si México se pone las pilas, puede llegar mucha inversión y crear empleos”, concluyó.