Tijuana.- Los servidores públicos que han sido nombrados en mantas con amenazas supuestamente firmadas por criminales también están bajo investigación, indicó Ricardo Iván Carpio Sánchez, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Además hay personas que no son servidores públicos que también están en investigación por mantas, son diversos casos, el número no lo puedo precisar”, agregó.
Las investigaciones deben desarrollarse e identificar si algún servidor público se encuentra cometiendo actos ilícitos, pero también es importante no caer en distracciones, y tampoco darle crédito a los criminales que se esconden en la clandestinidad, explicó Carpio Sánchez.
“Siempre que hay una situación de esta naturaleza se inician las investigaciones que corresponden a efectos de hacernos llegar más datos de forma específica y nos basamos en hechos ciertos, no podemos caer en determinaciones o adelantar juicios, ni tampoco exonerar cualquier tipo de acusación o desprestigio que se pueda hacer ahí, es importante atenderle con profesionalismo”, explicó.
Al ser cuestionado sobre el método utilizado para investigar a los agentes y trabajadores de las corporaciones policiacas que son mencionados en dichas mantas, el fiscal mencionó que la estrategia de investigación no es citar desde un inicio a una persona, sin embargo son utilizados diferentes mecanismos como el Centro de Control de Confianza, Órganos de Control Interno y Visitaduría.
“Hay mecanismos donde se investiga la veracidad o no de los hechos que ahí se mencionan, respetando el debido proceso”, detalló.
Para finalizar, Carpio Sánchez confirmó que la colocación de una manta con amenazas es considerado como delito dependiendo del contenido de dicha manta.
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“Evidentemente hay unas amenazas, hay una situación que podrían derivar dependiendo los medios que particularmente se complementen además de poner la manta”, dijo.
De acuerdo con la Fiscalía General Estatal (FGE), a la fecha hay tres personas vinculadas a proceso por los delitos de daños en propiedad ajena agravado por incendio y terrorismo agravado por pandillerismo, luego de colocar mantas con amenazas en Mexicali y dañar una unidad de la misma fiscalía.