Tijuana.. Roberto Rosas Jiménez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tijuana, dijo que el acoso por parte del gobierno estatal continúa en el cobro de agua potable en contra de las empresas de Tijuana y utilizan todo el aparato gubernamental para obligar a las empresas a pagar un servicio del que desconocen si adeudan.

“Es un acoso y continúan haciéndolo de una manera como si no hay un estado de derecho. Llegan y determinan que no estás conectado al drenaje, primero te cortan el agua y si tú compras pipas de agua, te cortan el drenaje y después llega Coepris para multarte si no cumples la sanidad necesaria”, aseguró el líder empresarial.

Sobre las declaraciones de Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata a la gubernatura por el partido Morena, que continuará con los cobros de agua potable en contra de las empresas, de llegar a gobernar Baja California y apoyar al gobernador Jaime Bonilla, el presidente de Coparmex en Tijuana declaró que sería lamentable.

“Sería lamentable que continuará con lo mismo, que no está bien hecho (el cobro de agua). Coparmex no está en contra del estado de derecho, si yo debo, pago, y deben de obligarme a pagar, pero no es la manera como se están presentado las cosas”.

Roberto Rosas Jiménez indicó que las empresas han recurrido al derecho del amparo ante los cobros que calificó como fuera de la ley, y le traerá problemas a futuro al gobierno estatal, porque de ganar los amparos, la autoridad tendría que regresar los montos económicos recaudados.

“El gobernador actual va a dejar endeudado al estado porque hay muchos amparos y, esos cobros, como fueron mal fundados por parte del gobierno del estado, existe demasiada posibilidad de que ganen esos amparos. La autoridad al darle el fallo al empresario o quien haya demandado, tiene que obligar al gobierno del estado a regresar ese dinero”.

Calificó al gobierno de Jaime Bonilla como solo de promesas, pues un año atrás aseguró que metería a la cárcel al ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, por supuesto desvío de mil 700 millones de pesos y a la fecha no ha ocurrido.

“Dijo textual que el exgobernador iba a estar en la cárcel, ya ha pasado un año y no ha hecho nada, y todo lo que dice (Jaime Bonilla) no hace nada”.