Pago de exposiciones, foros, congresos y capacitaciones para empresas u organismos empresariales, además de elaboración de proyectos ejecutivos para obra pública (no siempre concretada por los gobiernos en turno), forman parte de lo que ha costeado el Fideicomiso Empresarial del estado de Baja California (Fidem).
El Fidem se financia con el 5% del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, o Sobre Nómina, que pagan las empresas en el estado, y ha captado en los últimos años un ingreso promedio de 100 millones de pesos.
Para el 2022 el ingreso se proyectó en 132 millones de pesos, de acuerdo con la Ley de Ingresos y presupuesto de egresos de este año.
Sin embargo, a casi 22 años de la conformación del Fidem, y pese a que miles de proyectos han sido fondeados con esos recursos (un promedio de 200 por año según CDT), pocas son las acciones cuyo alcance y beneficio puede ser medido.
Así lo observó la actual administración estatal, por lo que decidió modificar las reglas de operación y crear un nuevo fondo que podría entrar en vigor en abril.
“La idea es que haya más claridad por parte de las empresas beneficiadas, que sea tangible y muy transparente en los impactos que va a tener este nuevo fideicomiso”, expuso Michel Guerrero Jaimes, subsecretaria de Fomento Económico del gobierno de Baja California.
Sin embargo, ni los sectores productivos ni la propia Ley de Ingresos, prevén mayores cambios en las reglas de operación que se elaboran para el nuevo Fidem, salvo el reorientar un mayor porcentaje del fondo al sector empresarial.
Para Vicente Sánchez Munguía, investigador del departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte (Colef), el manejo del millonario fondo debe ser tema de análisis para determinar sus alcances y beneficios.
“Si no hay beneficios tangibles o factibles de ser medidos, es que ha fallado”, señaló.
QUE TODO CAMBIE, PARA QUE NADA CAMBIE
“Los proyectos elaborados por el CDT son tangibles, posibles de palpar, los únicos que se quedaron en cartera, son proyectos ejecutivos”, ponderó Aarón Victorio Escalante, director del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana (CDT).
Las acciones que han quedado solo en proyectos ejecutivos, no se han concretado por falta de recursos de los gobiernos en turno, añadió.
Sin definir la cantidad de acciones que solo quedaron en diseño, sostuvo que son mínimas.
En cambio como ejemplo de los principales proyectos fondeados con recursos del Fidem durante el ejercicio de 2021, mencionó la Política de Desarrollo Empresarial de Baja California (PDE), instrumento que contiene el conjunto de guías para encauzar y dar seguimiento al rumbo empresarial
“Acabamos de hacer una actualización de la PDE, que es un documento estratégico a nivel estatal que ya está impulsando el gobierno del estado, Kurt Honold (secretario de Desarrollo Económico) lo ha presentado”, dijo.
Una de las propuestas más promovidas que sigue esperando ser una realidad es el sistema de parques en áreas urbanas. Un proyecto que CDT ha trabajado con las administraciones de Tijuana durante los últimos cinco años, incluido el de Ciudad Natura, proyecto apoyado por el gobierno del estado a través del Fidem.
El director del CDT consideró que ese antiguo proyecto empata con la visión de la nueva administración estatal, por lo que es factible que continúen siendo apoyados por el Fidem, aún cuando las reglas de operación sean ajustadas.
En ese sentido, dijo esperar pocos cambios en la realización de los proyectos desarrollados con este fondo, ya que, desde su perspectiva, coinciden con lo que el gobierno quiere impulsar.
“Creo que los proyectos que estamos manejando son esos grandes proyectos de impacto que ellos quieren”, afirmó.
Para el mismo Aarón Victorio Escalante, director del Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), las nuevas reglas de operación del Fidem no buscan hacer más transparente la aplicación del fondo, sino que irán encaminadas a fortalecer uno de sus tres ejes estratégicos: el de desarrollo económico.
En cambio, el fondo reducirá el apoyo a los ejes de educación y seguridad pública, por contar estos rubros con un presupuesto determinado.
Fuera de esa modificación, no considera mayores cambios en la operación del Fidem.
EL NUEVO Y EL VIEJO FIDEM
La Ley de Ingresos del 2022 establece como uno de los objetivos principales del ISR “mejorar las condiciones de competitividad que requieren nuestras empresas”, además de subsanar la pérdida económica que les generó el periodo de pandemia por Covid-19.
Michel Guerrero Jaimes, subsecretaria de Fomento Económico del estado, confirmó el nuevo sentido del Fidem.
“Lo que estamos haciendo es crear un instrumento que se adapte a las necesidades actuales, pero que también vaya alineado a lo que es el programa de gobierno que está enfocado a atender a más empresas”, anotó.
Para fortalecer el desarrollo económico se prevé incluir en la nueva normatividad apoyo a emprendedores, pequeñas empresas y madres solteras, expuso Aarón Victorio, director del CDT.
Francisco Rubio Rangel, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana (CCE), demandó que los proyectos apoyados con recursos del Fidem sean no solo tangibles, sino también generadores de empleos, de tal manera que sean más las empresas que aporten a la bolsa del fondo.
Las reglas de operación del nuevo Fidem son diseñadas por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Baja California y la fiduciaria.
Una vez elaboradas, pasarán por un comité conformado por los sectores productivos, cuyos integrantes analizarán en mesas de trabajo los nuevos lineamientos y determinarán si los aprueban o no.
Establecidas las reglas, será lanzada la convocatoria 2022 para la asignación de recursos captados por el fondo durante la recaudación del presente año.
Como en el viejo Fidem, los proyectos se presentarán a través de los consejos de Desarrollo de los cinco municipios que cuentan con estos organismos, acotó Michel Guerrero, subsecretaria de Fomento Económico.
EL ESTADO LE DEBE AL FIDEM
Desde 2018, la administración estatal dejó de reintegrar el total de lo captado por la retención de 5% del Impuesto Sobre Nómina.
El rezago iniciado durante el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid aumentó con la administración de Jaime Bonilla Valdez, compartió Aarón Victorio Escalante, director del CDT.
La asignación incompleta del fondo limitó el desarrollo de proyectos programados, que en el caso del CDT se redujeron de 200 a solo 40 durante el 2021.
Y aunque ese año Bonilla dispuso de terrenos públicos para saldar el adeudo, que al final de su periodo de gobierno alcanzó los 191 millones de pesos, no realizó el trámite legal para su desincorporación, por lo que hoy ningún inmueble ha sido vendido y el rezago en la aportación al Fidem persiste.
Al arribo del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, se inició el proceso administrativo para liberar esos predios y asignarlos legalmente al Fidem para su venta, acción que aún no culmina.
Conforme sean desincorporados se pondrán a la venta, y una vez comercializados el dinero será distribuido para financiar los proyectos presentados por los organismos.
La distribución del recurso, producto de la venta de predios, será aplicado conforme a las reglas del viejo Fidem, aclaró la subsecretaria de Fomento Económico, Michel Guerrero.
El gobierno en turno también decidió la conformación del “Fidem dos”, un fondo que captará los recursos de 2022 en adelante, año en el que se prevé reciba 135 millones de pesos correspondiente al 5% del gravamen que lo fondea.
NI GOBIERNO NI BENEFICIADOS DEBEN MANEJAR FONDO: COLEF
Antes de liberar los fondos del nuevo Fidem, las autoridades deben investigar qué pasó con los proyectos que no son tangibles o que solo quedaron en papel, y analizar si eso se atribuye a que el fondo se ha manejado con reglas operativas muy laxas, planteó Vicente Sánchez Munguía, investigador del departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
Consideró que no es cualquier cantidad la millonaria bolsa que conforma este fondo, lo que amerita una revisión exhaustiva de los criterios utilizados en su reparto.
Esta fiscalización debe efectuarse antes del diseño de las nuevas reglas de operación del nuevo Fidem, para que los candados que se impondrán al Fidem dos surjan de ese análisis, apuntó.
Como cualquier recurso público, este fondo debe ser repartido en forma transparente, con reglas de operación claras, y no solo como una decisión política de llevar recursos a grupos de poder, subrayó.
También consideró necesario que el comité que da la aprobación a los proyectos hacia donde se canalizarán los recursos del Fidem, esté integrado por personas expertas en el tema, pero ajenas al gobierno y a los sectores que se están queriendo beneficiar con el fondo.
