Tijuana.- El gobierno de Montserrat Caballero Ramírez debe informar a la Sindicatura si existe un contrato en materia de publicidad entre el Ayuntamiento y la empresa de contenido digital Badabun.
El contrato fue solicitado este viernes 7 de julio al director de Comunicación Social, Miguel Ángel Torres y al consejero Jurídico del Ayuntamiento.
El síndico procurador, Rafael Leyva Pérez, indicó que el plazo para entregar el contrato es de 24 horas, aunque por presentarse el fin de semana, podría ser entregado el lunes 10 de julio.
“Me opongo rotundamente a la idea de ceder los derechos del uso de la imagen del Ayuntamiento o cualquier servidor público a una empresa y bajo cualquier circunstancia”, declaró el síndico en rueda de prensa.
Hace unos días, varios periodistas locales firmaron un desplegado acusando censura desde el Ayuntamiento por ceder a Badabun los derechos de transmisiones en vivo, podcasts y videos institucionales.
ACCEDE A NUESTRA EDICIÓN DIGITAL ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!
La alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez afirmó que esa empresa de contenidos virales no tiene los derechos de autor de la imagen del Ayuntamiento.
“Esos derechos solo los otorgó yo con la firma del síndico. Ellos seguramente por motu proprio hicieron lo que hicieron”, dijo.
Añadió que el departamento Jurídico investigará acerca de los derechos de autor de la imagen institucional del Ayuntamiento.
Pérez Leyva, por otro lado, mencionó que si existe un contrato para difusión de programas de gobierno y la empresa hizo mal uso de la imagen institucional, la Sindicatura iniciará una investigación.
“Revisaríamos las cláusulas y cuando hay una violación, podría ir desde una fianza, la resarcición del daño, la devolución de los recursos por haberse realizado mal”, agregó.
Badabun, según el Registro Público de Comercio (Siger), fue registrado por César Morales Jiménez y Ricardo Morales Jiménez, bajo el nombre “Creación y Difusión de Contenido WEB S.A. DE C.V.”.
En la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), ni la empresa ni ninguno de sus cinco socios tienen contratos a su nombre con el gobierno de Montserrat Caballero, hasta marzo de este año.