Tijuana.- El Poder Judicial debe mejorar su atención a las mujeres violentadas, así como garantizar y fortalecer sus derechos y protección, señaló María Isabel Covarrubias Herrera, presidenta del Observatorio Mexicano de Estrategias de Litigación Penal.
“Si tuviéramos mejor capacitación las víctimas se sintieran atendidas y aunque el resultado en más de una vez no fuera favorable, no se sintiera ese olor de falta de justicia”, comentó.
Su opinión es a raíz de casos recientes en los que la protección de las víctimas no se ha cumplido, como el de Alina Narcizo, ex policía de Tijuana que hoy forma parte de las más de 400 mujeres privadas de su libertad en el penal de La Mesa.
Allí cumple una sentencia de 45 años acusada de disparar en contra de su ex pareja, Luis Rodrigo, quién también era policía municipal, en medio de una pelea doméstica la madrugada del 12 de diciembre de 2019.
Socorro Tehuaxtle Hernández, mamá de Alina y testigo de los hechos, narró que en esa ocasión Luis Rodrigo estaba fuera de sí.
“El problema aquí era que él estaba drogado esa noche, él estaba drogado y tomado, hay estudios que comprueban que él salió positivo a coca (cocaína)”, contó.
Además fue el policía quién sacó su arma para amenazar a Alina, y posteriormente ella la tomó para defenderse, contó Socorro.
“Cuando mi hija me dice: mamá, es que yo le dí dos balazos y él no se caía, él seguía parado. Con el miedo y el terror es que ella le da más balazos, pero no es porque se ensañe, por eso le dan (homicidio) calificado con ventaja”, explicó.
Tehuaxtle Hernández considera que el proceso contra su hija nunca se realizó con perspectiva de género, pero sí hubo discriminación y fue revictimizada por el juez de control.
Explicó que desde el inicio las autoridades difundieron el nombre y rostro de su hija sin preservar su presunción de inocencia.
Además, ante el desconocimiento, Alina aceptó un abogado de oficio que no la defendió apropiadamente, acusó su madre.
“Miré que ese abogado ni habló ni dijo nada, y miraba a mi hija como: ¿Qué hiciste? Se asustan de que una mujer se defienda, pero no se asustan de cuántos hombres nos matan”, dijo.
La mamá de Alina contó que durante el proceso contrató a otro abogado, pero también salió del caso por no “saber responder”.
ACCEDE A NUESTRA EDICIÓN DIGITAL ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!
Covarrubias Herrera mencionó que el juez debió cumplir con la Convención Americana Belém do Pará, y con el protocolo de perspectiva de género establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Indicó que sólo revisando la sentencia y verificando el actuar del juez se podrá saber si este proceso se realizó con perspectiva de género o no.
Actualmente el proceso de amparo de Alina contra su sentencia se encuentra en la Quinta Sala de Mexicali del Tribunal Superior de Justicia de Baja California.
“Después de todas las violaciones y de cómo han llevado el caso y de esa revictimización que hizo el juez, yo quiero la libertad, estoy exigiendo la libertad, porque no puede ser que a pesar de todo esto ellos dicen que van a reducir la pena”, añadió Socorro Tehuaxtle.
La presidenta del Observatorio Mexicano de Estrategias de Litigación Penal explicó que si hubiera elementos que “provoquen la duda razonable, de una posible inocencia, forzosamente el juez de amparo tiene que mandar pedir que se abra el asunto”, pero esto no garantiza que Alina sea absuelta.
Pero el tema podría llegar a la SCJN, convirtiéndose en un expediente con varios recursos de por medio para conseguir su libertad.
Otro caso de violencia intrafamiliar que involucra a un policía municipal, en el que tampoco se ha garantizado la seguridad de la víctima, es el de Nayeli González.
El pasado 18 de diciembre del 2022, denunció a su ex pareja por intento de feminicidio y actualmente Jonathan “N”, quien pertenecía a la policía municipal, está acusado de secuestro agravado.
“El detonante de mi situación es cuando mi ex marido entra a mi domicilio de forma violenta y agarra mi teléfono, empieza a mirar mi galería mientras me tenía inmovilizada (...) Por eso me quiso quitar la vida, porque vio que yo tenía una relación con otra persona”, relató Nayeli.
La fiscalía recibió un plazo de tres meses que concluye el 16 de abril para terminar su investigación, mientras Jonathan permanece en prisión preventiva oficiosa.
Pese a esto, Nayeli González manifestó que sigue siendo acosada y responsabiliza a su ex esposo y sus allegados del reciente asesinato de su pareja, el pasado 9 de febrero.
“Hice un señalamiento directo porque la persona con quien salía no tenía problemas en lo más mínimo”, denunció.
Durante un tiempo Nayeli y sus hijos estuvieron bajo medidas de protección con rondines de elementos de seguridad en su hogar.
Aun así se siente insegura y acosada, por lo que próximamente la familia se trasladará a un refugio temporal.