Juan Miguel Camarillo
Tijuana.- En el mes de diciembre el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex, con el objetivo de disminuir el robo de hidrocarburos mediante tomas clandestinas, lo que se conoce como “huachicoleo”. Esto ha provocado diferentes problemas de abastecimiento, pero también gran expectación sobre si será posible atajar la corrupción en esa empresa.
“De 2009 a 2016 se contabilizaron 12 tomas clandestinas diarias, con datos de Pemex. Para 2017 la cifra de éstas aumentó a 28”, señaló el Dr. Jesús Pérez Caballero, Investigador de El Colegio de la Frontera Norte. En referencia a las acciones recientes del gobierno federal, explicó que “es necesario tener eso en cuenta para saber de dónde venimos. Anteriormente, el gobierno del PRI enfatizó que los robos eran sobre todo por parte del crimen organizado, es decir, de actores no estatales con protección pública. Pero lo que podemos ver ahora con la política de Obrador es que se busca atajar una especie de Estado paralelo en PEMEX, resaltando que la corrupción viene desde la propia empresa. Sin embargo, la realidad ha sido siempre transversal, y tanto la delincuencia organizada como ese Estado paralelo forman redes y alianzas que no admiten una explicación única”.
En esa línea, el especialista de El Colef Matamoros explicó que en los últimos años se han detectado tres regiones principales para el robo de gasolina. “En Occidente (Jalisco-Guanajuato) se tiene una presencia de grupos del crimen organizado que son los que operan las tomas clandestinas. Por otro lado, el eje Estado de México-Puebla cuenta con una presencia fuerte de la subcultura de los huachicoleros, grupos profesionales que se dedican a la extracción y distribución del producto donde el sector agropecuario de la región se ha beneficiado, dado que el litro de gasolina se llega a vender en $10 pesos De igual manera, en el eje Tamaulipas-Veracruz la gasolina se vende un 30 a 40 por ciento más barata, en comparación al precio en el mercado legal”.
Solo el 1.6% de las denuncias presentados por Pemex sobre el robo de hidrocarburos acabaron en procesos penales. Esto muestra que existe una red de protección a nivel federal y estatal, la cual le cuesta a la nación cerca de 70 mil millones de pesos, según datos presentados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Al respecto, el académico de El Colef resalta que “solamente con el tiempo sabremos si las medidas del gobierno de MORENA son las adecuadas, pero algo debemos de tener claro: Terminar con el mercado negro de petróleo requerirá décadas y tampoco sabemos si eso es lo deseable; a lo sumo, se puede mandar un mensaje a la nación advirtiendo que quienes compren huachicol están siendo copartícipes de próximos desabastecimientos. Es a ese efecto preventivo general al que creo le está apostando el presidente”.